Según informa Público, a pesar de lo que dicta la ley impulsada por Podemos, solo existe un juzgado operativo de este tipo en Gran Canaria y fue creado con anterioridad a la norma.
La ley de infancia establecía que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno debía presentar un proyecto de ley para modificar la Ley del Poder Judicial, incluyendo la especialización de los juzgados en violencia infantil. Y de esta manera crear los Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
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