Los ministerios de Empleo, Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior y Exteriores suscribieron ayer un Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados con el objetivo de coordinar todas las actuaciones de instituciones y administraciones en relación a la atención, identificación y protección de este colectivo. El protocolo establece “con claridad” cómo, cuándo, dónde y quién debe actuar cuando un inmigrante menor de edad es localizado en territorio estatal, donde ahora hay registrados 2.841 jóvenes en esta situación.
En la Comunidad Autónoma Vasca la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) se ha reducido de manera significativa en los dos últimos años y su atención integral por parte de los servicios sociales de los tres territorios ya no requiere tantos centros ni recursos como en épocas pasadas. De hecho, entre los años 1993 y 2009 Euskadi fue una de las comunidades autónomas que más menores no acompañados recibía y a los que se prestaba asistencia y acogimiento. La situación del País Vasco en esos años -era la cuarta comunidad del Estado con mayor número de MENAs- resultaba particularmente llamativa, ya que no es territorio fronterizo para la inmigración, como es el caso de Andalucía y Canarias. En 2008 la CAV fue la comunidad autónoma que más ingresos de menores extranjeros nuevos concentró y en 2009 ocupó el segundo lugar. A partir de ese año, sin embargo, empezaron a descender tanto las llegadas de menores no acompañados como las necesidades de acogimiento. Los expertos en inmigración consideran que en estos momentos el País Vasco es un lugar de paso para los menores extranjeros que llegan sin el apoyo de adultos y que más de la mitad de ellos ya no optan por quedarse aquí, sino que buscan otros destinos (fundamentalmente otros países europeos).
Ley de extranjería. El protocolo firmado ayer (23/07/2014) da cumplimiento al mandato del Reglamento de la Ley de Extranjería y que la Fiscalía General del Estado había demandado para poder contar con un instrumento que fijara los criterios de actuación, toda vez que son muchas las instituciones y organismos implicados en el proceso de acogimiento de los menores no acompañados. El documento, en cuya elaboración también han participado las comunidades autónomas, pretender servir de base para un trabajo en equipo, más coordinado y con mayor eficacia.
Durante el acto de la firma, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, destacó que el protocolo “recoge y sistematiza” la doctrina del Tribunal Supremo sobre la identificación de estos menores de edad. Señaló que el texto establece la determinación del régimen y naturaleza de las pruebas médicas que se realizan a los menores extranjeros o las condiciones para otorgar la autorización del permiso de residencia, entre otras cuestiones.
En concreto el protocolo, del que ayer no se facilitó el contenido, determina que el menor debe ser puesto a disposición de la Policía Nacional nada más ser detectado para que los agentes comprueben si está o no en el registro. En caso de duda sobre si es mayor o menor de edad, la Policía acudirá al Fiscal para que autorice las pruebas pertinentes y el menor será trasladado a un centro de protección, que son entidades dependientes de las comunidades autónomas.
Otra de las actuaciones que se llevan a cabo con estos menores es comprobar el beneficio que le puede suponer la repatriación o quedarse en territorio estatal. “Siempre prima el menor y solo se opta podrá ser repatriado si se tiene claro que un familiar se va a hacer cargo de él”, subrayaron fuentes policiales citadas por Efe.
Asimismo, el protocolo tiene como objetivo lograr el adecuado funcionamiento del registro MENAs como fuente de información fidedigna sobre la cifra y la situación de los menores acogidos en el Estado español (2.841 a 31 de diciembre del año pasado). La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recordó ayer que el protocolo se ha redactado con la experiencia de todos los agentes que conocen “de dónde vienen y adónde quieren llegar los menores”, de los que saben de “sus sueños pero también su miedos”.
Muchos de ellos salen de los centros de protección formados en un oficio, aunque el proceso de integración de estos menores es “complicado” pero “imprescindible”, añadió la ministra. “Dar una respuesta a cada uno de esos menores requiere una atención individualizada y pormenorizada de muchos agentes hasta que finalmente queden bajo la tutela de las comunidades autónomas donde residan”, indicó.
Por su parte, Torres-Dulce se congratuló por la puesta en marcha de algo que la Fiscalía venía demandando y que sustituye a un protocolo de 2005 una fecha en la que, como indicó el fiscal, no se preveía el incremento de flujos migratorios. Torres-Dulce cifró en más de 6.000 los expedientes de menores no acompañados tramitados en los últimos tres años.