La frecuencia y gravedad de las consecuencias de la violencia contra la infancia y la adolescencia (que incluye un importante coste económico, no sólo para sus víctimas directas, sino para la sociedad en su conjunto), avalan la necesidad de una mayor inversión en medidas preventivas y terapéuticas basadas en la evidencia. En este sentido, publica El Consejo General de Psicología de España, es fundamental que la prevención infantil constituya una prioridad dentro de los programas educativos, de salud y protección infantil en todo el mundo.
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