La construcción de una nueva ciudadanía también se aprende más allá del ámbito escolar, desde los medios de comunicación, las actividades extracurriculares y en el trabajo
En este momento existe un consenso acerca de los valiosos e innumerables aportes que tiene educar en derechos humanos y ciudadanía. Nadie cuestiona su importancia y contribución para el futuro de la región iberoamericana. Sin embargo, ¿está inserta en todos los currículos en Iberoamérica? ¿Cuentan todos los centros educativos con planes de estudio o unidades didácticas que hagan referencia a la educación en derechos humanos y ciudadanía? ¿Quiénes son los responsables de favorecer su aprendizaje?
 
Es muy difícil dar respuesta a todas las preguntas sin un análisis mucho más profundo. Sin embargo, el interrogante que sí podemos valorar con mayor convencimiento y sin necesidad de una investigación más exhaustiva es quiénes son los garantes de la educación en derechos humanos y ciudadanía. 
 
Sin olvidar la decisiva importancia de los gobiernos nacionales y locales, no cabe duda que el rol protagonista recae en la comunidad educativa: docentes, alumnos, madres y padres de familia, directores y administradores, principalmente. Pero no solo. La educación en derechos humanos no es un fenómeno aislado. La construcción de una nueva ciudadanía también se aprende fuera del ámbito escolar, desde los medios de comunicación, las actividades extracurriculares, en el trabajo, con los espacios culturales que compartimos con los amigos, con las redes sociales o con las organizaciones. Existe todo un desafío, también más allá de los centros. Términos como diversidad, justicia, tolerancia, igualdad, interculturalidad, vulnerabilidad o paz también se aprenden fuera del aula.
 
En este sentido, tenemos que terminar de convencernos de que la educación en derechos humanos no es un simple ejercicio de enseñanza de cuáles son los derechos que tenemos, sino que es todo un proceso más amplio que necesita de alumnos y ciudadanos sensibilizados e implicados en la promoción, defensa y garantía de los mismos.
 
La idea de responsabilidad compartida de la que habla la Agenda 2030 se ve reflejada en iniciativas de todo tipo, como el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, que este año va ya por su tercera edición. Es una iniciativa conjunta entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Fundación SM y los ministerios de Educación de la región con el objeto de reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de manera ejemplar en la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación en centros escolares y en organizaciones de la sociedad civil.
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