La asociación progresista de jueces ha enviado un comunicado en el que advierte de la delicada situación que se plantea en muchos hogares durante el estado de alarma y la necesidad de que los vecinos puedan trasladar con facilidad y de forma inmediata cualquier sospecha sobre posibles abusos físicos o sexuales.
La Comisión Penal de Jueces y Juezas para la Democracia instan a los poderes públicos a que diseñen de manera urgente medidas específicas durante la situación de estado de alarma, para reforzar la prevención y detección del abuso infantil. Entre otras iniciativas, proponen la habilitación de un número de teléfono centralizado de denuncias o de traslado de información.
La asociación progresista de jueces ha enviado un comunicado en el que advierte de la delicada situación que se plantea en muchos hogares durante el estado de alarma y la necesidad de que los vecinos puedan trasladar con facilidad y de forma inmediata cualquier sospecha sobre posibles abusos físicos o sexuales.
- “El mantenimiento de los programas de control y seguimiento de situaciones de riesgo ya iniciados por las diferentes administraciones. Su suspensión por razón de la pandemia no puede justificarse en modo alguno. Por lo que debe asegurarse que los profesionales encargados de ejecutar dichos programas dispongan de las medidas de seguridad sanitaria que les permitan desarrollar sin riesgo las visitas y las entrevistas”.
- “La necesidad de monitorizar el cumplimiento de los programas de vacunación o de revisión pediátrica programadas, reclamando explicaciones a los progenitores o cuidadores sobre las razones por las que no se han cumplido”.
- “La activa observación por parte de los maestros y profesores en los contactos telemáticos o telefónicos que mantengan con los niños o niñas de actitudes, reacciones, comentarios o comportamientos que puedan resultarles extrañas o sospechosas”.
- “La necesidad de hacer hincapié en que cualquier profesional que esté en contacto con menores debe ponerse en contacto con los servicios de protección, con las fuerzas de seguridad o con la Fiscalía cuando tengan motivos fundados para creer que un niño o una niña es víctima de abuso sexual, explotación sexual o pornografía infantil, independientemente de cualquier norma de confidencialidad”.