La rapidez en la evolución de la pandemia del COVID 19, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura y en este sentido, el Gobierno declaró el estado de alarma, el pasado día 14 de marzo, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Sin duda, se trata de circunstancias extraordinarias que conlleva una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
La facilidad de transmisión de esta enfermedad hace que cobren especial importancia las medidas de prevención para los trabajadores sanitarios y para el personal de cuidados, pero también para los profesionales de los centros y dispositivos de atención para personas menores de edad en conflicto con la ley y del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que tiene a su cargo a personas menores de edad tutelados por las Administraciones Públicas.
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