Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la Víctima en el Proceso Penal

La Decisión marco establece los derechos mínimos que pueden ejercer las víctimas de delitos en relación con los procesos penales. También contiene disposiciones por las que se garantiza a las víctimas el derecho a ser oídas, la oportunidad de participar en los procesos (incluso si el delito se cometió en otro Estado miembro), así como su protección, indemnización y acceso a mediación y a cualquier otra información relevante.
 

SÍNTESIS

La presente Decisión marco establece la asistencia a las víctimas de delitos antes, durante y después de los procesos penales. Los Estados miembros garantizarán el respeto a la dignidad de las víctimas, y reconocerán sus derechos en el marco del proceso. Las víctimas especialmente vulnerables deberán recibir un trato que responda de la mejor manera posible a su situación.

Las víctimas tendrán la posibilidad de ser oídas durante el proceso y de facilitar elementos de prueba. No obstante, las autoridades sólo las interrogarán en la medida necesaria para el proceso penal.

Las víctimas tendrán acceso, en particular desde el primer contacto con las autoridades policiales, a la información pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información incluirá, como mínimo:
• el tipo de servicios u organizaciones a los que pueden dirigirse para obtener apoyo;
• el lugar y el modo en que pueden presentar una denuncia, así como las actuaciones subsiguientes a la misma;
• las condiciones en que pueden obtener protección;
• las condiciones en que pueden acceder a asistencia y asesoramiento jurídico o de cualquier otro tipo;
• los requisitos para tener derecho a una indemnización;
• los mecanismos disponibles para no residentes.

Disponible en la Web de la Unión Europea (enlace)

Otros recursos relacionados:

• La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito