La Audiencia de Cádiz da por probado que la víctima sufrió abusos desde que tenía 10 años y hasta que cumplió los 13 por parte de un hombre al que consideraba como su padre.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre que con 39 años abusó sexualmente y de manera continuada de una menor desde que ésta tenía 10 años y hasta que cumplió los 13. El tribunal de la Sección Primera le ha impuesto una pena de ocho años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 12.000 euros a favor de la víctima por los daños morales que le ha causado.
La menor no contó a nadie los abusos sexuales que estaba sufriendo desde el año 2006 hasta que tuvo un intento de suicidio en diciembre de 2009.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre que con 39 años abusó sexualmente y de manera continuada de una menor desde que ésta tenía 10 años y hasta que cumplió los 13. El tribunal de la Sección Primera le ha impuesto una pena de ocho años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 12.000 euros a favor de la víctima por los daños morales que le ha causado.
La menor no contó a nadie los abusos sexuales que estaba sufriendo desde el año 2006 hasta que tuvo un intento de suicidio en diciembre de 2009.
Este caso ha sufrido un significativo retraso en su tramitación (los hechos se remontan 13 años atrás), lo que ha valido al procesado una rebaja en la pena de prisión dictada, en primera instancia, por la Audiencia de Cádiz. Esta sentencia condenatoria, de la que ha sido ponente la magistrada María Oliva Morillo, explica que “la menor no verbalizó los abusos sexuales de forma espontánea hasta que tuvo el intento de autolisis en diciembre de 2009”, cuando empezó la relación con su primer novio;después relató lo sucedido “con mucho sufrimiento” a la educadora social que la trató a posteriori.
Ni la víctima ni la familia formularon denuncia por estos hechos. La educadora y la trabajadora social declararon en el juicio que la familia “tenía miedo al juicio paralelo y al escándalo”, por lo que tuvieron que trabajar con todos sus miembros el tema de la denuncia. De hecho, fueron la educadora y la trabajadora social las que pusieron este caso en conocimiento de la Fiscalía. [Seguir leyendo]