Los miembros del Comité, compuesto por 18 expertos independientes, indicaron que se violó la Convención de los Derechos del Niño, en particular, en su “derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar”.
Según los expertos, en los catorce casos analizados por el Comité, España no efectuó el procedimiento adecuado para determinar la edad de los jóvenes. En base a una publicación de la Agencia de la ONU para Los Refugiados (ACNUR), la radiografía que se usa en España para precisar la edad tiene un margen de error de cuatro años.
De acuerdo con las cifras que baraja ACNUR, durante los nueve primeros meses de 2019 llegaron a España unos 2500 niños, muchos de ellos no acompañados.
Por ello, el Comité destaca “la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad, dado que el resultado de dicha determinación condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños”.
El presidente del Comité, Luis Pedernera, destacó que mientras el proceso de verificación de la edad de los jóvenes esté pendiente de resolver “la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal”, y que cuando dispongan de documentos de identidad “deben considerarse válidos salvo prueba en contra, según lo reconocido por el propio Tribunal Supremo de España”.
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