En las medidas que se van a aplicar deben incluirse algunas específicas para grupos vulnerables, como migrantes, mujeres víctimas de violencia de género o personas que vean mermados sus ingresos por la crisis
Aunque los Estados pueden imponer ciertas restricciones a algunos derechos humanos a fin de proteger la salud pública en el contexto de la epidemia de COVID-19, como ha sido, en el caso de España la declaración del estado de alarma, tales medidas han de ser coherentes con el marco general de derechos humanos.
"Somos conscientes de que nos encontramos ante una situación extraordinaria y que hay que tomar medidas severas. Sabemos y agradecemos el esfuerzo que diversos colectivos y, de manera muy especial, todo el personal sanitario, está haciendo para poder paliar en la medida de lo posible esta situación cambiante. Y, por supuesto, es necesario detener la expansión del virus y proteger, especialmente, a las personas más vulnerables. Pero es imprescindible recordar que el respeto a los derechos humanos no es un lujo que solo puede darse una vez que se haya minimizado la amenaza para la salud pública, sino que debe situarse en el centro de las medidas que se tomen", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Un decálogo de derechos humanos en tiempos de crisis
Medidas de prevención