Trabajadores sociales del ámbito de los menores tutelados por la Generalitat de Cataluña han ratificado ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) las denuncias sobre el desbarajuste institucional en la asistencia de adolescentes y jóvenes. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas, entre 2016 y 2024 se detectaron 168 millones de euros en pagos fraudulentos desde el Departamento de Derechos Sociales a empresas que debían velar por la custodia de los muchachos.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue el caso sobre los pagos supuestamente fraudulentos revelado por El Confidencial, que asciende a 168 millones.
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