Según han censurado en una nota, actuar así genera "consecuencias negativas" y un "retroceso en la atención de las personas". Más concretamente, para los menores con medidas de protección provoca "exclusión social y vergüenza de estar residiendo en centros"; para los padres, "dolor y suspicacia hacia el sistema y los centros"; y para la sociedad balear, "confusión".
 
Ambas redes colaboradoras del sistema han considerado que los actuales responsables de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han actuado con "el rigor y la seriedad necesarias" para proteger a la infancia y a los menores víctimas de explotación sexual.
 
En la nota, han explicado que cuando un adolescente no vuele al centro residencial a la hora programada se inicia el protocolo acordado de salidas no autorizadas, es decir, se informa a la coordinación de centros del IMAS para tomar las medidas oportunas y se denuncia a los cuerpos de seguridad. "El sistema de protección actúa de forma diligente para resolver la situación siempre en beneficio del menor", han añadido.
 
Respecto a los presuntos casos de explotación sexual infantil, han matizado que "las niñas no se prostituyen" porque "cuando se trata de menores de edad se tiene que hablar de explotación sexual o abuso sexual".
 
"La explotación sexual se produce porque hay persones adultas que pagan para tener sexo con menores de edad. Estos adultos se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores, especialmente de aquellos que son más frágiles con motivo de las vivencias emocionales", han explicado. En este sentido, han llamado a "focalizar el problema" en los que demandan y provocan la explotación sexual, y no en las víctimas.
 
Asimismo, también han destacado que los profesionales de protección reciben formación para detectar y disponer de los recursos necesarios para proteger a la infancia víctima de explotación sexual.
 
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