Proyecto de Ley Orgánica de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia

PREÁMBULO

La Constitución Española establece en su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificación  de  23  noviembre  de  2007.  Además,  resultan  reseñables  dos  Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado el 11 de julio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la   ley   aplicable,  el   reconocimiento,  la   ejecución  y   la   cooperación  en   materia   de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, de 19 de octubre de 1996, ratificado el 6 de septiembre de 2010. Por otra parte, deben destacarse también dos Convenios  del  Consejo  de  Europa,  el  relativo  a  la  adopción  de  menores,  hecho  en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 5 de agosto de 2010 y el relativo a la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 5 de agosto de 2010. Y, finalmente, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor constituye, junto a las previsiones del Código Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado. Esta ley ha sido el referente de la legislación que las Comunidades Autónomas han ido aprobando posteriormente, de acuerdo con sus competencias en esta materia (información sacada del propio proyecto).