Los hechos que se juzgan se remontan a una investigación tecnológica que permitió localizar un total de 552 archivos de extrema gravedad en el ordenador del procesado. Entre el material intervenido se encuentran imágenes y vídeos de víctimas de muy corta edad, algunas de ellas sufriendo abusos de carácter extremo.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión y otros nueve años de libertad vigilada. Asimismo, la acusación pública reclama la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que implique un contacto regular y directo con menores de edad.
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