El objetivo del informe es analizar las diferentes realidades identificadas en la aplicación del sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima en las comunidades autonómas, centrando la atención en la persistencia de barreras que suponen vulneraciones de derechos para las víctimas, así como esbozar conclusiones y recomendaciones generales, dirigidas fundamentalmente a titulares de obligaciones, con la finalidad de contribuir a la mejora de la implementación y desarrollo de este sistema y, por tanto, a la protección efectiva de los derechos de las supervivientes.
(Extraído del documento).