Menores o Adultos. Procedimientos para la determinación de la edad (2011)
Defensor del Pueblo de España (27/09/2011) Defensor del Pueblo de España Medio: Informe
La situación de los menores extranjeros en España ha venido siendo motivo de especial preocupación prácticamente desde que llegué a la institución del Defensor del Pueblo [María Luisa Cava de Llano y Carrió]. En los años en que fuí Defensora Adjunta Primera dediqué muchos esfuerzos a controlar la actividad de las distintas Administraciones respecto de las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Afortunadamente nuestro trabajo dio sus frutos y, a día de hoy, esas repatriaciones realizadas sin las garantías necesarias, entre las que se encontraba muy señaladamente el incumplimiento del derecho a ser oído del menor, ya son sólo un mal recuerdo.
En este asunto de los menores extranjeros no acompañados se hace evidente como en pocos casos, la tensión existente entre la contundencia de las competencias que la ley pone en mano de la Administración en los ámbitos de la inmigración y la extranjería y la alta responsabilidad que España tiene asumida como signataria de la Convención de los Derechos del Niño. Si el ámbito de la inmigración siempre es terreno abonado para la lucha entre el principio de conveniencia y el respeto a la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales, la experiencia de los menores extranjeros es una de esas cuestiones en la que está en juego la coherencia de nuestro sistema jurídico.
El presente informe pretende, en primer término ofrecer un catálogo de las deficiencias detectadas en el procedimiento establecido para determinar la edad de aquellos extranjeros cuya minoría de edad resulta dudosa. Nuestra pretensión ha sido abordar las cuestiones de forma sistemática e incorporar a este debate la necesaria pluralidad de opiniones provenientes de todos los ámbitos a los que resulta preciso atender. Este trabajo se plasma en una serie de contribuciones, a las que se une el estudio realizado por los propios servicios de la Institución, basándose en las investigaciones llevadas a cabo en estos últimos años. El fruto de todo ese esfuerzo se sintetiza en una serie de conclusiones que permiten recomendar a los distintos organismos de las administraciones públicas implicadas en esta cuestión, los cambios necesarios en su actuación para mejorar los procedimientos hasta ahora seguidos e, incluso, para contribuir a la articulación de un sistema más adecuado.
La práctica de pruebas médicas para la determinación de la edad, plantea numerosos problemas, tanto de orden técnico como éticos, por lo que este informe debía prestar especial atención a esa dimensión. (información recogida de la propia presentación del informe monográfico).
Fuente consultada: Página Web del Defensor del Pueblo
.png){kind=small} |
Para más información:
|