En las últimas semanas se ha generado en Baleares una importante controversia política y social en torno a la supuesta falta de implicación de los actuales gobernantes del Consell de Mallorca y, en menor medida, del Gobierno balear, para intentar proteger mejor a los menores tutelados, algunos de los cuales han sido víctimas recientemente de agresiones sexuales, proxenetismo o pederastia. La oposición acusa a los tripartitos del Consell y del Govern de inacción en ese sentido, acusación que rechazan el PSOE, MÉS y Unidas Podemos.
Actualizado:23/02/2020 10:19h
Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca y en el Parlamento balear responsabilizan a los actuales tripartitos de falta de implicación para intentar resolver esta lacra
Estas son las claves para poder entender todas las circunstancias de unos casos que han conmocionado a la opinión pública.
¿Qué instituciones se ocupan de la protección de los menores en Baleares?
Las instituciones que se ocupan hoy de la protección de los menores en Baleares son los consells insulares y el Gobierno regional. Hasta 1997, el Govern tenía todas las competencias en esa materia, que había asumido en 1994, pero desde entonces ha pasado a haber la citada división competencial. Los centros de protección de menores son de dos tipos: de acogida —o tutelados— y de internamiento. Los centros o pisos de acogida, todos de régimen abierto, son gestionados exclusivamente por los consells. En el caso del Consell de Mallorca, los 30 centros de acogida que existen en la isla son gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son sólo para menores con antecedentes, los tres que hay en Mallorca son gestionados por el Govern a través de la Consejería de Asuntos Sociales.
¿Los menores tutelados dependen sólo de los consells insulares?
Técnicamente, así es, porque así está recogido en la Ley 8/1997 del Gobierno balear, de «atribución de competencias a los consells insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores». Aun así, cabe recordar que si bien los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera actúan como si fueran los «gobiernos» propios de cada isla, en realidad son instituciones de la Administración local, no de la Administración autonómica. En ese sentido, los consells no pueden por ejemplo aprobar ninguna ley, algo que en Baleares sólo puede hacer el Gobierno regional. Por tanto, en último término el Govern es responsable de que los cuatro consells insulares cumplan la ley. Además, el Govern se reúne de forma periódica con los presidentes insulares, para coordinar posibles actuaciones conjuntas, por ejemplo en el ámbito de la protección de menores.
¿Cuándo se tuvo conocimiento público de la explotación de menores tutelados?
Fue el pasado mes de enero, cuando trascendió a los medios el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue presuntamente violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Tanto la víctima como los agresores son de nacionalidad española. En relación a este caso, la Policía Nacional detuvo poco después a ocho adolescentes, siete menores y uno mayor de edad, como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la agresión sexual múltiple que sufrió la niña. Los presuntos agresores, de entre 14 y 17 años, se habrían turnado para violar a la menor, si bien alegaron ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Aun así, los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y una amiga de la niña— pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.
¿Ha habido nuevas detenciones recientemente?
Sí. En la segunda semana de febrero, la Policía Nacional detuvo en Palma a una mujer de origen dominicano, de 50 años de edad, y a un hombre de origen guineano, de 41 años de edad, como supuestos autores de un delito de prostitución de menores. Algunas de las víctimas de ambos presuntos proxenetas serían niñas tuteladas que residen en los centros de acogida gestionados por el Consell de Mallorca, pero esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía. Las diligencias policiales en relación a este caso se iniciaron después de que la citada niña de 13 años hubiera denunciado que, en las horas previas a la agresión sexual que sufrió, estuvo en un bar de la barriada palmesana de Son Gotleu, en donde la mujer ahora sospechosa de corrupción de menores le habría ofrecido alcohol y drogas. En su denuncia ante la Policía, la niña hizo también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.
¿Cuándo se detectaron los primeros casos de explotación sexual infantil?
Según han reconocido los actuales gobernantes del Consell de Mallorca y del Ejecutivo regional, los primeros casos de explotación sexual infantil en Mallorca se habrían detectado en torno a 2010. En aquellas fechas, la presidenta del Consell de Mallorca era la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Govern. Con posterioridad, al frente del Consell han estado la popular María Salom (2011-2015), el ecosoberanista de MÉS Miquel Ensenyat (2015-2019) y desde hace un año la socialista Catalina Cladera. Por tanto, a lo largo de la última década han tenido responsabilidades de gobierno en el Consell, en mayor o menor medida, la hoy extinta Unió Mallorquina, el PSOE, el PP, MÉS y Unidas Podemos. De los partidos hoy con representación institucional en Baleares, sólo Cs y Vox no han gobernado hasta ahora en el Consell.
¿Hay redes de explotación sexual en Mallorca?
En estos momentos no las hay. La responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó en enero que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tenían constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí habían detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Así, a lo largo del último lustro la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones vinculadas a la posible prostitución de menores, mientras que las actuaciones de la Policía Nacional realizadas en ese ámbito se situarían en torno a doce en total. En cualquier caso, no se trataría de intervenciones circunscritas exclusivamente a casos de menores de centros de acogida.
¿Por qué pidió la oposición una comisión de investigación?
La posible creación de una comisión de investigación es, de manera genérica, una de las pocas herramientas de que disponen los partidos de la oposición en cualquier institución para poder controlar y fiscalizar la labor de los equipos de gobierno. Esa posibilidad está contemplada en los reglamentos del Consell de Mallorca y del Parlamento regional, respectivamente. En el Consell, la comisión de investigación sobre los menores tutelados fue solicitada conjuntamente por el PP, el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) y Cs, pero fue rechazada por el actual tripartito gobernante, conformado por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos. En la Cámara regional, Cs y Vox presentaron sendas proposiciones en el mismo sentido, pero fueron igualmente rechazadas por las tres formaciones que apoyan al Ejecutivo de Armengol.
¿Por qué votó el tripartito en contra de crear una comisión de investigación?
Los tres argumentos esenciales utilizados por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos fueron que creían más oportuno crear sólo una comisión de expertos, que la Fiscalía investiga ya los casos denunciados y que la oposición querría politizar este asunto. Por lo que respecta a la citada comisión de expertos, fue aprobada ya por vía de urgencia por el tripartito en el Consell de Mallorca. Por su parte, el PP, el PI, Cs y Vox recordaron que no es incompatible crear una comisión de investigación y una de expertos al mismo tiempo o que una comisión de investigación no tiene por qué entorpecer o dificultar las investigaciones que, por su parte, puedan llevar a cabo la Fiscalía de Menores o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En ese sentido, la oposición acusó al tripartito de querer «tapar el escándalo» y recordó que a principios de febrero el PSOE, MÉS y Unidas Podemos habían dejado entrever que votarían a favor de crear una comisión de investigación en el Consell, si bien poco después cambiaron de parecer.
¿Qué datos se conocen ya con certeza?
Tras hacerse público el caso de la niña de 13 años que fue víctima de una agresión sexual múltiple en un piso de Palma, en enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas, según reconoció el propio IMAS. Cabe recordar que dicho organismo atiende en la actualidad a 359 menores en centros de acogida. Por su parte, el Govern dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Con posterioridad, se han detectado también en Menorca posibles casos de explotación sexual infantil de menores tutelados, si bien la investigación de ese caso concreto se encuentra aún en una fase inicial y no hay todavía ninguna certeza sobre el mismo.
¿Qué medidas ha tomado el Consell de Mallorca?
En enero, el tripartito del Consell de Mallorca creó una comisión específica para luchar contra la explotación sexual infantil, que en su primera reunión propuso mejorar los mecanismos de coordinación, concienciar a la población sobre la existencia de esa lacra o establecer nuevas actuaciones en el presente mandato, entre otras medidas. Desde la oposición se valoró positivamente esa medida, pero se reprochó al equipo de gobierno del Consell que si la citada problemática había ido en aumento en los últimos cinco años, como reconoció el propio tripartito, habría habido una cierta inacción política en el último lustro. La oposición también reprochó al actual tripartito que sólo habría reconocido la gravedad de la situación ahora, tras las primeras informaciones aparecidas a partir de enero en los medios de comunicación. En ese contexto, tanto el PP como Vox han exigido ya la dimisión del presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y de la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS.