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En España, especialmente a raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha habido sin duda avances importantes en el cumplimiento de los derechos de la infancia con discapacidad y en la construcción de una sociedad inclusiva. Sin embargo, y basándose en las estadísticas y los estudios existentes, así como en la información proporcionada por las organizaciones del sector y los organismos internacionales, el estudio muestra como todavía hay un largo camino por recorrer.
Los niños con discapacidad están afectados por una múltiple vulnerabilidad en nuestra sociedad, que les hace sufrir un mayor grado de discriminación y tener más dificultades para acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos. Es necesario atender a las especiales necesidades de los niños y las niñas con discapacidad en todas las medidas y políticas que se adopten.
Si se trata de un caso de posible violación del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad, reconocido en el artículo 24 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y que supone la violación del derecho al artículo 27 de la Constitución Española en concurrencia con el artículo 14 de la misma.
Se podrían utilizar también los argumentos que se utilizan a favor de la educación inclusiva en algunas sentencias relevantes de nuestros tribunales de justicia, como es la del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. En esta línea el Dr. Ignacio Campoy Cervera hace un estudio de esas sentencias en las páginas 170-197 de este libro. En concreto se refiere a las siguientes sentencias:
- Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2014, de 27 enero.
- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 1976/2017, de 14 de diciembre.
- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2011.
- Sentencia de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –sede de Barcelona– 794/2015, de 9 de noviembre.
- Sentencia de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha –sede de Albacete– 10068/2012, de 5 de marzo.
- Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ciudad Real 29/2016, de 9 de febrero.
- Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona 299/2014, de 25 de septiembre.
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Otros documentos relacionados:
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