La Plataforma de Infancia ha pedido que se refuerce el derecho a participar y ser escuchado, la protección de los niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y el apoyo a las familias, así como dotar de garantías a los procedimientos de riesgo y desamparo en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia que se debate hoy en el Congreso.
“La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia» es una ley muy necesaria porque nuestro sistema no dispone de las herramientas necesarias para garantizar una protección integral de los niños y niñas frente a la violencia” ha explicado hoy Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, en el debate del proyecto de ley que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.
Según Escorial “Se trata de un buen proyecto de ley, porque tiene detrás el trabajo de búsqueda de consenso con diferentes formaciones políticas, con organizaciones sociales y de expertos y expertas, así como un proceso de participación infantil para hacer aportes a la ley; sin embargo, hay algunos aspectos importantes para garantizar los derechos de fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia.
La Plataforma de Infancia pide que se refuerce en la ley el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar y a ser escuchados. Si bien el proyecto de ley ha incorporado precisiones sobre este derecho, consideran que es necesario ir más allá y garantizar que las denuncias ante la Policía las pueden interponer los propios niños y niñas siempre que lo soliciten sin que se haga depender su validez de la valoración de su madurez por parte de los funcionarios; reforzar la garantía de mecanismos de denuncia accesibles a los niños y niñas sin necesidad de la intervención de sus representantes legales y en un idioma que puedan comprender o garantizar la asistencia letrada en todos los procedimientos.
“Si queremos proteger a los niños y niñas frente a la violencia, tenemos que empezar por escucharlos, independientemente de cuál sea su situación y /o edad, adaptando el sistema a sus capacidades y necesidades. No se puede hacer de otra manera” ha señalado Escorial.
Por otra parte, la Plataforma de Infancia considera necesario reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental. “Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia” ha señalado Escorial “No es un problema aislado, sino estructural que viene de muy atrás. Son muchos los casos de testimonios de niños y organizaciones que alertan de ello desde hace años en todo el territorio nacional”.
De hecho, el Comité de los Derechos del Niño en 2018 mostró su preocupación a España por “los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida, incluso denuncias de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos médicos erróneos y tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de vigilancia y denuncia centrados en los niños y de mecanismos de queja a disposición de estos”.
En este sentido, se deberían reforzar las medidas para luchar contra la violencia en el sistema de protección constituyéndose los recursos residenciales en ambientes libres de violencia que permitan el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes residentes y en los que se garantice el respeto y la promoción de sus derechos.
Por último, la Plataforma de Infancia ha llamado la atención sobre la necesidad de reforzar el apoyo a las familias “Si bien el proyecto de ley prevé el apoyo que las familias necesitan para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, consideramos que es necesario fortalecer este aspecto, asegurando el apoyo con todo tipo de medidas económicas, formativas y de acompañamiento” ha señalado Escorial.
Además de garantizar el apoyo a las familias para prevenir la separación, es necesario asegurar el trabajo de los servicios sociales con las familias una vez se ha producido una retirada de tutela para favorecer la reintegración de sus hijos una vez se hayan eliminado las circunstancias que lo motivaron, lo que implicará reforzar a los servicios sociales con mayores recursos y capacitación. Por otro lado, es necesario velar para que las retiradas de tutelas, es decir la separación de un niño de su familia, estén dotadas de mayores garantías tal y como ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño a España en sus Observaciones Finales en 2018.
Por último, Escorial ha apelado a todos los grupos a priorizar el interés superior de los niños y niñas para conseguir una ley que efectivamente les proteja de manera integral frente a la violencia.
Fuentes consultadas:
- Boletín de la Plataforma de infancia (septiembre 2020)
- Noticia de la Plataforma de infancia (enlace)
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