La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar. Un análisis de casos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos

Entre las distintas formas de violencia contra los niños y las niñas, el abuso sexual es una de las manifestaciones más extendidas y, a la vez, más ocultas. El abuso sexual supone la violación de un amplio catálogo de derechos humanos, como la integridad física y mental, el derecho al más alto nivel de salud, a la libertad personal y a la no discriminación, entre otros. Esta forma de violencia contra la infancia resulta especialmente difícil de detectar y de abordar cuando se produce en el seno de la familia y más aún cuando afectan a niños y niñas en su primera infancia.
El derecho internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. En aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas esto incluye no sólo garantizar que sus propios funcionarios cumplen con las normas de derechos humanos, sino también actuar con la “debida diligencia” para responder frente a las violaciones contra los derechos humanos cometidas por particulares (agentes no estatales). El estándar internacional de la “debida diligencia” describe el grado de esfuerzo que un Estado debe hacer para convertir en realidad los derechos humanos, lo cual incluye obligaciones en el plano de la prevención y de la investigación del abuso sexual infantil, de la sanción de los responsables y de la protección, justicia y reparación a los niños y las niñas.
En los últimos años se ha multiplicado el impulso normativo internacional para la mejora de la respuesta de los Estados ante este tipo de agresiones, a partir del enfoque de derechos de la infancia establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el ámbito europeo, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han avanzado en la definición de un régimen de tutela, atención y protección de los derechos de los niños y las niñas, en particular su derecho a la vida, a la integridad y al pleno desarrollo protegidos de toda forma de violencia.
En 2007, el Consejo de Europa aprobó el Convenio para la protección de los niños y niñas contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), ratificado por España. Más recientemente, la Unión Europea promulgó la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, de 2011. Ambos instrumentos pretenden reforzar el compromiso de los Estados de actuar con la “debida diligencia” para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de los niños y las niñas frente al abuso sexual.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ANALIZADOS
MARCO NORMATIVO
La Convención sobre los derechos de niño y la doctrina de su Comité
Normativa europea
Directrices internacionales y europeas sobre justicia adaptada a la infancia
Normativa española y protocolos de actuación
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Tres barreras de partida
Motivos de preocupación relacionados con las obligaciones de índole general
Principales trabas detectadas e los procedimientos penales por abuso sexual infantil
Impactos de la falta de investigación en los derechos de los niños y las niñas
Principales resultados del análisis de la jurisprudencia
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXO: RESUMEN DE CASOS
Caso 1: Alicia
Caso 2: Raquel
Caso 3: Jesús y Pablo
Caso 4: Almudena
Source: www.savethechildren.es
Consultado en enlace