La falta de acceso a servicios fundamentales constituye un impedimento para el crecimiento, bienestar y desarrollo del pleno potencial de niños, niñas y adolescentes (NNA). Garantizar el disfrute de tales servicios supone, por tanto, una vía de protección de los derechos de la infancia y romper el ciclo de transmisión de la pobreza.
Consecuentemente, en un país en el que 2,7 millones de NNAs se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social (ECV, 2021), las políticas públicas de lucha contra la pobreza han puesto el foco en el acceso a servicios clave para la infancia.
El impulso inicial fue europeo. El 14 de junio de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE). Mediante la Garantía, se insta a los Estados Miembro a asegurar el acceso de NNAs en riesgo de pobreza, exclusión social u otras situaciones de vulnerabilidad a un conjunto de servicios clave para su desarrollo y bienestar en condiciones de gratuidad o, en algunos casos, asequibles en todo caso.
(Extraído del informe)