Autoría: Asociación de Mujeres Juristas Themi. Paula Reyes Cano (directora) Alicia Fernández Vega, Cristina Colom Vaquer, Chelo Álvarez Sanchís (Asociación de psicología y psicoterapia feminista). Corrección ortográfica y de estilo: Mónica Casás Díaz.
Año: mayo de 2025
La investigación evidencia cómo esta figura, sin regulación legal (salvo en Navarra) y aplicada por vía jurisprudencial, se está utilizando en procedimientos judiciales de familia incluso cuando existen antecedentes de violencia de género, con efectos profundamente perjudiciales para las mujeres y la infancia.
Consecuencias directas en las víctimas
Los testimonios recogidos revelan una constante: la imposición de esta figura genera temor, presión institucional, daños psicológicos, y un alto coste emocional para mujeres y menores. En muchos casos, las madres fueron amenazadas con sanciones, pérdida de custodia o desobediencia judicial si no colaboraban en la reconstrucción forzada del vínculo paterno-filial.
Los documentos analizados evidencian que quienes ejercen como coordinadores lo hacen sin formación reglada, sin perspectiva de género ni infancia, y sin control institucional. La indefinición de su rol —entre mediación, supervisión, evaluación o terapia— genera una gran inseguridad jurídica.
(Extraído de la web de la Asociación de Mujeres Juristas Themis)