La violencia contra la infancia y adolescencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida de las personas, familias y la sociedad en su conjunto, constituyendo por tanto una cuestión de salud pública, que se puede detectar, prevenir y abordar, a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica.
Siendo conscientes de este grave problema en 2021 se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección a través de una aproximación integral, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud. La norma establece medidas de promoción del buen trato, prevención, protección, detección precoz, notificación, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima dirigidas a todas las administraciones, y en particular para el sistema sanitario ya que por su accesibilidad y por la relación tan estrecha y continuada con la ciudadanía, es el ámbito adecuado para llevar a cabo estas acciones. Siempre teniendo en cuenta la corresponsabilidad y coordinación con otros ámbitos, como educación, protección o justicia, para un abordaje integral.
En su Artículo 39 esta Ley recoge la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes (CoViNNA) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que apoyará y orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y elaborará un protocolo común de actuación sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, se recoge la elaboración, también por parte de dicha comisión, de un informe anual, que incluirá los datos disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido al CISNS y al Observatorio Estatal de la infancia, y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Por ello, con el convencimiento de que es imprescindible tener datos e información sobre el abordaje de la violencia en el SNS para poder conocer la magnitud de la situación y dimensionar las medidas a desarrollar, se elabora anualmente este informe sirviendo de situación de partida, y a partir del cual se plantearán las medidas necesarias para optimizar tanto el registro como la recolección de los datos y de las acciones de prevención y abordaje de la violencia frente a niños, niñas y adolescentes (NNA) dentro del SNS.
(Extraído del documento).