Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia, a la luz de la convención de la ONU y Reglas de Brasilia

 

Esperamos que esta Guía pueda ser un instrumento útil y eficaz, en la siempre difícil tarea de garantizar ante la sociedad los derechos de las personas con discapacidad. 

El desarrollo normativo en materia de discapacidad ha sido realmente prodigioso en los años transcurridos desde la aprobación de nuestra Constitución. Pero quizás los dos instrumentos normativos que han supuesto un revulsivo en esta materia han sido: La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en mayo del 2008 y las Reglas de Brasilia.

 

Con ello se hace necesario dar un nuevo enfoque al planteamiento y tratamiento de los derechos sociales y jurídicos de las personas con discapacidad en el plano del derecho internacional y la Unión Europea así como dentro de nuestro país.

 

La entrada en vigor de ambas normas implica la necesidad de un cambio de las políticas de promoción y atención a las personas con discapacidad que refleja el cambio del modelo rehabilitador hacia el modelo social que incorporan ambos instrumentos.

 

Es necesario pues trasladar los principios de la Convención y de la legislación de no discriminación, a todo el ordenamiento jurídico, para ev tar las situaciones de discriminación que todavía persisten. Como es sabido, la Convención es ya derecho español, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y además desde lo más alto de la pirámide legislativa, y por ello resulta necesario que se aborde una profunda modificación de nuestro derecho interno en todos los ámbitos. En concreto, en el ámbito de la justicia, la Convención plantea una revisión general de los procedimientos estatales por los que se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva (en el sentido general – proceso civil, penal, administrativo, arbitral etc.). Por ello, no busca garantizar el acceso formal de las personas con discapacidad sino más bien el acceso real para lo cual se requieren de medidas especiales como accesibilidad. (Resumen extraído de la presentación de la propia Guía). 

 

Fuente consultada: Web del Consejo General del Poder Judicial 

 

Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial Consejo General del Poder Judicial (2003) Consejo General del Poder Judicial