Guía: Acceso a la justicia: ajustes de procedimiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Inés de Araoz Sánchez-Dopico / Plena inclusión España. (2018) Plena inclusión España.Cuadernos de Buenas Prácticas Medio: Guía
El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho.
Sinopsis
El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Se trata de un instrumento esencial para hacer valer los demás derechos humanos, para restablecer derechos, resarcir a las víctimas, reconocer a la persona y hacer frente a la discriminación. El derecho de acceso a la justicia constituye una concreción inmediata del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama y garantiza el artículo 24 de la Constitución Española, así como el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El acceso a la justicia incluye un acceso a los tribunales en igualdad de condiciones y la igualdad ante estos. La garantía de este derecho es, además, fundamental para combatir la marginación social y económica.
En el año 2013, Plena inclusión España (entonces FEAPS) publicó el informe “Las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales”, en el que se pretendía estudiar el impacto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante, la Convención) en el ordenamiento jurídico penal español, así como poner de relieve un problema invisible: la situación de indefensión, las barreras en el acceso a la justicia y la vulneración sistemática de derechos a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los procesos judiciales. Posteriormente, en 2016 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, entidad perteneciente a Plena inclusión España, publicó un informe sobre la falta de accesibilidad a la justicia en el ámbito civil. En el mismo, las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se habían visto inmersas en procesos de modificación de la capacidad pusieron de relieve que, de forma previa al proceso, apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir y, si la tuvieron, no la comprendieron; se sintieron ajenos al proceso en el acto de la vista y no comprendieron los tecnicismos utilizados. Más grave es, incluso, el hecho de que algunas de ellas expresaran que al no entender lo que estaba sucediendo, se mostraron aquiescentes a las preguntas que les realizan, limitándose a decir que “están de acuerdo con todo”, pese a no estarlo.
Este trabajo es el resultado de una intensa labor de investigación y debate, que no hubiera sido posible sin la implicación y el apoyo de un conjunto amplio de organizaciones y personas expertas que han querido compartir generosamente su conocimiento para que podamos plasmarlo por escrito.
¿A quién va dirigida esta guía?
Esta guía se dirige a todos los profesionales cuyo ámbito de trabajo incida en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: abogados, fiscales, jueces, letrados de la administración de justicia, forenses, procuradores, Fuerzas y Cuerpos de seguridad, estudiantes de derecho, opositores, trabajadores sociales o profesionales de apoyo a personas con discapacidad.
Con ella pretendemos aportar argumentos jurídicos sobre la obligación de la utilización de ajustes de procedimiento, dar a conocer recursos ya existentes y diseminar buenas prácticas replicables en el contexto policial y procesal español.
Datos relevantes / Autoria y Editorial:
Autores: Inés de Araoz: Asesora Jurídica de Plena inclusión España.
Edita: Plena inclusión España. Cuadernos de Buenas Prácticas
Confederación Plena inclusión España
Madrid. Diciembre 2018.
Fuente consultada: Web de Plena Inclusión sobre esta publicación [enlace]
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