Entrevista a Noemí Pereda, doctora en Psicología por la Universitat de Barcelona, especializada en victimología del desarrollo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil.
Pocos días antes de que comenzase el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el Consejo Ejecutivo extraordinario del Consell de Mallorca nombró a Noemí Pereda como coordinadora de la comisión de expertos encargada de analizar los casos de explotación sexual a menores bajo tutela de la Administración en Mallorca.
Pocos días antes de que comenzase el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el Consejo Ejecutivo extraordinario del Consell de Mallorca nombró a Noemí Pereda como coordinadora de la comisión de expertos encargada de analizar los casos de explotación sexual a menores bajo tutela de la Administración en Mallorca.
Pereda es doctora en Psicología por la Universitat de Barcelona, donde es profesora titular. Está especializada en victimología del desarrollo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. Además, colabora como asesora con la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud en el estudio de la violencia infantojuvenil en España y dirige el GReVIA –el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente– desde su creación en 2009.
Para esta experta, la ley que el Gobierno pretende sacar adelante para proteger a la infancia y la adolescencia frente a la violencia –cuyo anteproyecto fue aprobado este martes en el Consejo de Ministras y Ministros– «es una buena noticia y debemos celebrarlo». «Era necesario un documento de carácter nacional como este para hacer visible el problema y ofrecer recursos para prevenirlo y tratarlo«, continúa. No obstante, Pereda también apunta a la necesidad de acompañar esta ley «de recursos reales, de un presupuesto suficiente para que se lleven a cabo los cambios y mejoras que se proponen».
Hay personas expertas que han señalado algunas mejoras en el texto de la ley de protección a la infancia y la adolescencia que todavía podrían hacerse, como la inclusión de una mayor perspectiva de género. ¿En qué sentido debe tenerse en cuenta este aspecto? ¿Cómo afecta de forma diferente la violencia a niños y a niñas?
Este es un punto que me preocupa mucho. Basándonos en evidencias científicas, que por suerte en este tema las hay, también en España, niños y niñas son víctimas de la violencia con una frecuencia similar, si bien las formas de violencia que viven se distribuyen de forma distinta según el género. Esto es, las niñas sufren más violencia verbal de sus padres, mientras que los niños sufren más violencia física. En el caso del abuso sexual, las niñas sufren más tocamientos y los niños más penetración oral.
Los perpetradores también pueden ser distintos, con más miembros de la familia en el entorno del abuso sexual con niñas y más conocidos, del entorno cercano, en el de los niños. Y así podemos ir analizando la violencia forma a forma. Formas distintas, consecuencias similares. Entender la violencia contra la infancia como una forma de violencia de género muestra un gran desconocimiento de este ámbito. No es el género lo importante aquí. Es el adultocentrismo.
El género debe analizarse para saber la forma de violencia que ha vivido el niño o niña y sus características particulares. Pero las consecuencias, las necesidades de las víctimas, los recursos y atención que debemos ofrecerles, son iguales. No hay ninguna diferencia. No ofrecer lo mismo sería sólo entender a las niñas como víctimas y abandonar a los niños a su suerte. Esto es terrible tanto para las víctimas en particular como para la sociedad en general ya que una víctima que no recibe atención o tratamiento tiene muchas posibilidades de no superar los hechos y de repetir el patrón de violencia en el futuro.
La violencia contra la infancia y la adolescencia se basa en el poder que tiene la figura adulta ante el niño o niña. La violación de sus derechos por ser menor de edad. El victimario busca eso. Poder y control basado en la diferencia de edad, no en el género. La violencia contra la infancia y la adolescencia ya tiene una teoría explicativa propia. Esta teoría es la victimología del desarrollo propuesta por el Dr. David Finkelhor de la University of New Hampshire en 2007 y tenemos la suerte de ser uno de los países del mundo que forma parte de este grupo de investigadores.
El anteproyecto recoge medidas específicas para menores que están tutelados. ¿Qué protocolos deben implementarse en este ámbito?
Los menores tutelados son el colectivo más vulnerable de entre los vulnerables. Sus experiencias de violencia, malos tratos y negligencia por parte de los padres o cuidadores principales, en edades muy tempranas, hacen que presenten muchas deficiencias en su desarrollo y que en el ámbito emocional requieran de mayor atención y cuidados que un niño o niña que no ha vivido estas experiencias.
Toda intervención con estos menores debe basarse en el desarrollo de un vínculo seguro con el adulto, un referente, que debe devolver al niño o niña la confianza en sí mismo, su autoestima, y también en los demás, y en el futuro. Si no se trabaja este aspecto, el niño o niña se encuentra en una posición de alto riesgo para ser nuevamente victimizado por adultos que conocen de sus necesidades y los manipulan.
Un claro ejemplo es la explotación sexual comercial infantil y adolescente (ESCIA) en la que adultos que configuran mafias de explotación se acercan a los niños y niñas de estos centros y les ofrecen afecto y atención, un cierto sentimiento de pertenencia a un grupo, a una familia, para luego pedirles que se prostituyan. A lo que los niños y niñas acceden, en muchos casos, por el sentimiento de lealtad y vínculo que mantienen con el adulto captador.
Precisamente, ha sido nombrada coordinadora de la comisión de expertos encargada de investigar varios casos de explotación sexual a menores tuteladas en Mallorca. ¿La violencia hacia estas personas tiene una mayor impunidad?
En primer lugar, creo que es importante aclarar que el tema de la ESCIA, la explotación sexual comercial infantil y adolescente, es un problema generalizado en todos los países del mundo y, especialmente, en los centros residenciales del sistema de protección por la vulnerabilidad de estos chicos y chicas. El problema no se limita a Baleares en España, ni España es el único país en el que ocurre. Teniendo esto en mente se entiende mucho mejor el alto riesgo que estos niños y niñas, repito, con graves experiencias de victimización por parte de sus padres o cuidadores principales, en edades tempranas, presentan de volver a ser víctimas.
Cabe añadir que la sociedad tiende a considerar a estos niños y niñas como más independientes y a los que no hay que proteger, cuando es todo lo contrario. Hay muy poca sensibilización social respecto a las necesidades de estos menores. Siempre que haya niños y niñas vulnerables va a haber adultos que van a intentar aprovecharse de ellos y, naturalmente, debemos protegerlos pero hay que ser realistas y es un problema difícil de evitar. La sustitución de los centros residenciales por familias de acogida es la principal solución que proponen los expertos, pero en España es un recurso que todavía nos cuesta integrar y sobre el que deberían hacerse campañas informativas dirigidas a la población general.
Durante la pandemia, ¿considera que se ha tenido en cuenta la situación de los niños y niñas a la hora de adoptar medidas? ¿Ha habido campañas de información similares a las de violencia machista para la violencia hacia la infancia y la adolescencia?
Todas las medidas tomadas desde el inicio del estado de alarma han abandonado a los niños y niñas. No se han tenido en cuenta en ningún momento sus necesidades ni sus derechos. Así, inicialmente se les acusó de ser vectores de contagio, estigmatizándolos como un grupo de edad que debía aislarse. Se ha demostrado que esto es erróneo y que ni son vectores de contagio ni suponen un mayor peligro que los adultos, más bien todo lo contrario.
Ahora estamos en desescalada y en ninguna fase se establece la apertura de los parques infantiles, cuando podrían sanearse igual que se hace con otros objetos públicos. No se defiende un derecho fundamental de la infancia, y clave para su correcto desarrollo, como es el juego y la interacción con otros niños y niñas. Las consecuencias de todo esto son muy graves e incrementan la brecha social. Durante el confinamiento, no ha sido lo mismo lo vivido por niños y niñas que se encontraban hacinados en espacios reducidos y sin apenas luz exterior que aquellos que viven en espacios amplios e, incluso, con un patio exterior o jardín.
Ahora, en desescalada, nos encontramos que esta brecha sigue presente. Los niños y niñas cuyos padres puedan pagar que sus hijos e hijas acudan a campamentos privados de verano no van a presentar las mismas deficiencias sociales y educativas que los que lleven meses sin contacto con el entorno escolar y el juego con otros niños.
Es importante añadir que el hacinamiento, el estrés por la inestabilidad laboral, los problemas económicos, la preocupación por la enfermedad, la tensión derivada del teletrabajo y el cuidado de los hijos e hijas son factores de riesgo para la conducta violenta. Y no se ha hecho absolutamente nada desde el Gobierno o las comunidades autónomas (CCAA) para ofrecer recursos a los propios niños y niñas con los que contactar si se encontraban en una situación de riesgo. No se ha hecho público un teléfono mediante una campaña de sensibilización específica, no se han reforzado los recursos existentes, no se han acercado los recursos habituales a las redes sociales y plataformas de infancia para que los niños y niñas tuvieran acceso. Una de las entidades que sí ha hecho algo al respecto ha sido la Fundación ANAR, pero recordemos que no es el recurso de referencia en todas las CCAA y que esta respuesta debería haberse impulsado desde el Gobierno para todo el ámbito nacional.
Y, en este sentido, ¿qué pasos quedan por dar para hacer frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia?
Para mí las claves son diversas:
La sensibilización social. Todavía existe una enorme tolerancia respecto a la violencia contra la infancia en nuestro país. Se acepta el castigo corporal como una herramienta educativa, a pesar de las graves consecuencias que conlleva y de haberse demostrado que no tiene nada que ver con educación sino con violencia por parte del adulto y miedo por parte del niño. Hay que hacer campañas de sensibilización que muestren la elevada frecuencia de la violencia contra la infancia y las graves consecuencias que comporta.
La formación profesional. La Universidad debe asumir su responsabilidad en este tema y ofrecer una formación especializada y oficial a los profesionales que trabajan con infancia: psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pediatras… El único colectivo que tiene una mayor formación en este ámbito son los criminólogos, que son excluidos sistemáticamente de muchas oportunidades laborales en las que serían imprescindibles. Esta formación debe ser rigurosa, académica, alejarse de ideologías y basarse en la evidencia empírica.
Los derechos de los niños y niñas. Desde la escuela deben potenciarse, más allá de la obediencia a la autoridad, el pensamiento crítico y el conocimiento de los niños y niñas de sus derechos. Hay que ofrecer canales de comunicación para que puedan reportar situaciones de violencia que puedan estar viviendo no solo en la escuela sino también en casa. La escuela debe asumir su papel protector más allá del meramente educativo.
La existencia de recursos especializados. Los niños y niñas tienen que conocer que existen recursos para intervenir si se encuentran en riesgo o en una situación de violencia. Estos recursos deben publicitarse en espacios juveniles, para que los niños y niñas los conozcan y sepan a quién acudir. Los recursos deben ser especializados para la infancia y la adolescencia y sus profesionales deben estar altamente formados y entrenados en el tratamiento con niños y niñas víctimas.
Justicia amable con los niños y niñas. El sistema de justicia debe adaptarse al interés superior del menor, lo que supone que los profesionales deben tener conocimientos sobre desarrollo infantil y las particularidades de una víctima menor de edad. Pero no solo los profesionales, sino que las estructuras y los procedimientos deben también adaptarse a las características y necesidades de los niños y niñas. Existe un modelo de trabajo en Europa, denominado Barnahus, o Casa de los Niños, orientado a que el proceso judicial sea adecuado y responda a las necesidades del menor víctima, y cuya implementación se está empezando a plantear en España, por lo que esperamos que se aplique con éxito