El progenitor del joven, que ha denunciado posibles deficiencias en la atención a los menores en Menorca, desea que su hijo ingrese en un centro de desintoxicación.
 
El citado rotativo explicó también que, previamente, el hombre había presentado una denuncia ante la Policía Nacional, informando de posibles deficiencias en el cuidado de los menores tutelados acogidos en la Casa de la Infancia. Paralelamente, el canal autonómico IB3 se ha hecho también eco de este caso. Así, este viernes IB3 ha avanzado que el hombre ha sido citado por la Fiscalía para el próximo 10 de marzo, para que dé su propia versión de los hechos ahora denunciados. «Como padre, voy a luchar hasta el final por él, bueno, por él y por otros más que hay ahí realmente, que tienen que buscar un sitio adecuado y sobre todo cambiar de centro», ha explicado ante las cámaras. 
 
En ese contexto, cabe recordar que la pasada semana había trascendido que habían sido detectados en Menorca varios presuntos casos de menores tuteladas explotadas sexualmente. Al parecer, dichas menores habrían sido inducidas a la prostitución por proxenetas para poder comprar drogas. Esos supuestos hechos trascendieron después de que la Policía hubiera detenido en Mahón a cuatro hombres como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública y contra la libertad e indemnidad sexual. Inicialmente, ingresaron en prisión tres de los sospechosos, si bien dos de ellos han sido puestos posteriormente en libertad provisional.
 
La investigación policial que dio lugar a esos arrestos se había iniciado el pasado mes de enero, después de que el director de la Casa de la Infancia hubiera presentado una denuncia ante la Policía tras tener constancia de un correo interno de una trabajadora social que señalaba que «todo el mundo comenta que los nuestros se prostituyen y aquí ni nos enteramos ni actuamos». Mientras tanto, desde el Consell de Menorca —que preside la socialista Susana Mora— han sido constantes los llamamientos a la prudencia, teniendo en cuenta que las indagaciones policiales siguen aún abiertas y que los hechos denunciados afectarían a menores tutelados.
 
Los casos de Mallorca
 
Las primeras informaciones de posibles casos de explotación sexual infantil en Baleares se centraron inicialmente en Mallorca. Así, el pasado mes de enero trascendió el caso de una niña de 13 años que se escapó de su centro de acogida en Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Tras hacerse pública esa agresión sexual múltiple, el Consell de Mallorca confirmó poco después la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Gobierno balear dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.
 
Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurre en otras autonomías, en Baleares la atención a los menores depende de dos instituciones, el Gobierno regional por una parte y los consells insulares por otra. El Ejecutivo autonómico asumió del Estado las competencias en materia de menores en 1994 y cedió luego parte de esas competencias en 1997 a los cuatro consells insulares, que vendrían a ser como los «gobiernos» propios de cada isla. Desde entonces, los centros o pisos de acogida, todos de régimen abierto, son gestionados exclusivamente por los consells, mientras que los centros de internamiento, para jóvenes con antecedentes penales, son controlados por el Gobierno balear.
 
En el caso del Consell de Mallorca, los 30 centros de acogida que existen en la isla son gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Precisamente, ha sido sobre dicho organismo sobre el que ahora se han vertido más críticas, por la posible inacción de sus actuales gobernantes para detectar y hacer frente a los casos de explotación sexual de menores tutelados que han trascendido recientemente. Desde la oposición, se ha pedido de manera reiterada en estas últimas semanas la creación de una comisión de investigación, que inicialmente parecía que iba a ser aceptada por el equipo de gobierno tripartito insular. Sin embargo, al final únicamente se ha creado una comisión de expertos. Sus siete integrantes —un coordinador y seis vocales— deberán presentar un informe con sus conclusiones en un plazo máximo de tres meses.
 
Comisión de expertos
 
El reglamento de la comisión de expertos que evaluará los casos de explotación sexual de menores tutelados fue aprobado ya este jueves por el Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca. Esa aprobación supone, de facto, la puesta en marcha efectiva de dicha comisión. El acuerdo adoptado ayer pretende dar cumplimiento a la moción conjunta presentada y aprobada por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos en el pleno del pasado 13 de febrero en la que se instaba al Consell a poner en marcha una comisión de expertos en un plazo máximo de quince días.
 
En el citado pleno del 13 de febrero en el Consell, el PP, Cs y el PI habían presentado una moción conjunta proponiendo crear una comisión de investigación en la institución insular sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos. Dicha moción fue rechazada por el tripartito que preside la socialista Catalina Cladera, por lo que, como se ha indicado, sólo habrá finalmente la mencionada comisión de expertos. Su composición y su manera de funcionar no han podido ser consensuadas con la oposición, por lo que el PP, Cs, el PI y Vox han anunciado ya que han decidido desvincularse del órgano recién nacido, esencialmente por su falta de «transparencia».
 
En el marco de la nueva comisión, está previsto que comparezcan en el consejo rector del IMAS los últimos cuatro presidentes de dicho organismo: Jaume Garau (PSOE), Catalina Cirer (PP), Margalida Puigserver (MÉS) y Javier de Juan (PSOE). En cualquier caso, más allá de la puesta en marcha ahora de la comisión de expertos, la crisis política abierta en el Consell de Mallorca ha acabado por afectar también al Gobierno balear. Así, desde la oposición, se acusa a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y a la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» lo ocurrido, acusación que Armengol y Santiago rechazan. Aun así, la pasada semana el tripartito votó en contra de sendas propuestas de Cs y de Vox en el Parlamento regional en favor de una comisión de investigación en la Cámara autonómica.
 
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