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La tarea de reivindicar un lugar para la infancia nace de la constatación de que las personas adultas no tenemos claro para qué queremos a los niños y niñas en nuestras vidas. No está previsto descubrir y considerar qué sienten los niños y niñas, cómo viven, qué piensan. Nadie les hará caso si reclaman su derecho a vivir en condiciones o a no soportar el trato de algunos adultos. No pueden reclamar que alguien ayude a su madre para que pueda hacerles de madre. No pueden ejercer el derecho a que el cariño de su padre sea posible.
Las concepciones, las prácticas sociales, así como las respuestas que las diferentes administraciones dan a los derechos y a las necesidades de los niños y niñas no se corresponden con una sociedad cada vez más compleja. A pesar del esfuerzo de los buenos profesionales que todavía trabajan dentro del sistema protector, una parte significativa de sus prácticas reales responden a lo que debemos definir como maltrato institucional. No queda más remedio que buscar vías de solución para un sistema que parece estar tratando con expedientes y no con niños y niñas. Todavía sigue siendo posible que diversos profesionales inconexos atiendan parcialmente a un niño y que, a pesar de todo, sea maltratado. Acabamos generando separaciones del hogar familiar simplemente porque no ponemos en marcha mecanismos para hacer posible que una familia se ocupe de sus hijos.