El caso de la red de pederastia que captó a una mujer menor de edad protegida por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña todavía tiene derivadas políticas.
Según informa El País, este miércoles la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha comparecido en el Parlament —a petición propia— para explicar las primeras conclusiones de lo que salió mal en la protección de esta niña, de la que la DGAIA tenía la guarda pero no la tutela, y que vivió en un centro durante un año en el que ya estaba captada por la red.
Martínez ha admitido que uno de los errores cruciales fue que el protocolo contra los abusos se activó más de un año después de que el sistema tuviese las primeras sospechas de que pasaba algo. El caso ocurrió entre 2020 y 2023, y por lo tanto antes de que el Govern actual entrase en la Generalitat el verano pasado. En la transformación del sistema se ha emprendido, la consejera ha explicado que se creará una comisión mixta con los Mossos y la nueva dirección general de atención a la infancia para tener un canal específico contra los abusos por redes sociales.
Noticia completa: El País