El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una de las iniciativas estrella del Gobierno. La norma, que aglutina toda una batería de medidas en prevención, detección precoz, protección y reparación de las víctimas y que prohíbe toda forma de violencia, comenzará ahora su tramitación parlamentaria. Fuentes del Gobierno aseguran que pedirán que sea por vía urgente. En el texto se amplía la prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores, se instauran protocolos en todos los centros —escolares, deportivos, de ocio y de menores— y prevé cambios en el proceso judicial.
La que afecta a los niños es una violencia invisibilizada, dicen las organizaciones de infancia. La mitad de los abusos sexuales denunciados tienen a menores como víctimas, según los últimos datos disponibles. En 2018 hubo “38.000 menores víctimas de algún ilícito penal”, ha destacado este martes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha explicado la medida tras el Consejo de Ministros. Y esta solo es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y que afecta a los más vulnerables, a los más indefensos.
La norma aumenta la prescripción de delitos graves contra menores e incorpora medidas de prevención, detección precoz y protección de las víctimas.
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