El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se pretenden reforzar las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19.
Entre las medidas adoptadas, la Plataforma de Infancia identifica las que pueden repercutir en la infancia.
Entre las medidas adoptadas, la Plataforma de Infancia identifica las que pueden repercutir en la infancia.
Este nuevo paquete incluye más de 50 medidas y se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, en segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer lugar, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración. Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del Estado de Alarma.
Entre las medidas adoptadas que pueden repercutir en la infancia destacan las siguientes:
- Se prohíben los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y se prorrogan todos los contratos en vigor que estén a punto de vencer. Esta medida podría aliviar la situación de los niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social. Es importante tener en cuenta que un 18% de los hogares en España tienen vivienda en régimen de alquiler, un 22% en el caso de familias monoparentales.
- Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma. Desde la Plataforma de Infancia consideramos imprescindible que durante esta emergencia sanitaria se garantice el suministro de agua y luz, especialmente de las familias con niñas y los niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
- Se refuerzan todos los servicios para la lucha contra la violencia de género, con el fin de garantizar la atención la acogida y el seguimiento de los casos. Se prevé que Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los establecimientos de alojamiento turístico en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros designados para ello.
- Se crea un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en la ley.
- Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación.
Otras medidas relevantes aprobadas son:
- Se articulan microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años.
- Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.
- Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
Entre las medidas anteriormente adoptadas por el Gobierno, se contempla el derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos de las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos, el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada de trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado con respecto de su cónyuge o pareja de hecho, o el carácter preferente del trabajo a distancia. Además, se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 300 millones de euros.
Lamentablemente, muchas de las medidas adoptadas hasta ahora carecen de un enfoque de infancia y no ponen el foco en las consecuencias negativas que la crisis del COVID-19 está teniendo en los niños, niñas y adolescentes. Desde la Plataforma de Infancia consideramos urgente que el Gobierno ponga en marcha medidas específicas dirigidas a proteger a la infancia, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad con el objetivo de garantizar el bienestar de los niños y las niñas.
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