Las víctimas de agresiones sexuales en situación administrativa irregular se enfrentan a la posibilidad de ser expulsadas una vez que denuncien la violencia que han sufrido. La Ley de Extranjería, reformada en 2011, excluye a estas mujeres del mecanismo de protección diseñado para las mujeres que son víctimas de maltrato por parte de sus parejas o exparejas y que ahora el Ministerio del Interior quiere reforzar. Esta previsión obliga a no incoar ningún expediente de expulsión y paralizar el que en su caso pudiera estar iniciado, pero únicamente para las víctimas de violencia de género en sentido estricto.  
 
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