La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) pidió este viernes que se adopte un Plan Integral para proteger a la infancia que “pueda estar en riesgo de abusos físicos o sexuales o que tal vez los estén ya sufriendo” como consecuencia del confinamiento por coronavirus.
Ese Plan Integral, según la asociación judicial, implica mantener los programas de control y seguimiento de situaciones de riesgo ya iniciados por las diferentes administraciones. Su suspensión por razón de la pandemia “no puede justificarse en modo alguno” y se debe asegurar que los profesionales encargados de ejecutar dichos programas “dispongan de las medidas de seguridad sanitaria que les permitan desarrollar sin riesgo las visitas y las entrevistas”.
- Se deben mantener las visitas a menores en situación de riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual y habilitar un teléfono de denuncias
- Piden que se controle el cumplimiento de las vacunas y revisiones pediátricas
En un comunicado, la Comisión Penal de JJpD aconseja, entre otros aspectos, “la activa observación por parte de los maestros y profesores en los contactos telemáticos o telefónicos que mantengan con los niños o niñas de actitudes, reacciones, comentarios o comportamientos que puedan resultarles extrañas o sospechosas”.
Recuerda que cualquier profesional que trate con menores debe ponerse en contacto con los servicios de protección, con las fuerzas de seguridad o con la Fiscalía cuando tengan motivos fundados para creer que un niño o una niña “es víctima de abuso sexual, explotación sexual o pornografía infantil, independientemente de cualquier norma de confidencialidad”.
También considera necesario que los vecinos puedan trasladar con facilidad y de forma inmediata cualquier sospecha sobre posibles abusos físicos o sexuales, por lo que aconseja habilitar un número centralizado de denuncias y la realización de campañas informativas de sensibilización.
“Que el coronavirus no invisibilice el abuso infantil”
La Comisión Penal insta a los poderes públicos a que diseñen de manera urgente medidas específicas durante el estado de alarma para reforzar la prevención y detección del abuso infantil. “Es un imperativo constitucional que no puede quedar invisibilizado ni desplazado”.
El comunicado recuerda que los niños y las niñas “son las víctimas más vulnerables” y esa vulnerabilidad “se multiplica cuando la persona agresora es alguien de su entorno familiar y la violencia se ejerce en el domicilio”. El entorno familiar, muchas veces, “dificulta notablemente el descubrimiento del propio proceso de victimización”.
Recuerdan datos oficiales recogidos por el Observatorio de la Infancia, actualizados a septiembre de 2018, según los cuales en España, 5.388 menores de 18 años fueron víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual: 4.310 niñas y 1.066 niños. De esas víctimas, 2.511 tenían entre 0 a 13 años y 2.867 de 14 a 17 años.
Por su parte, Save The Children alertaba a finales del año pasado que, según los datos del INE, había un aumento del 40% de los abusos sexuales cometidos por adultos contra menores y en el año 2017 se presentaron casi 5.000 denuncias por maltrato y violencia sobre menores en el ámbito familiar, según estadísticas del Ministerio del Interior.