Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo [+] fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.

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EN ESPAÑA: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad [MSSSI] establece  una relación detallada de derechos y un código de aplicación. Esto conlleva la eliminación de las barreras para la participación y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de las condiciones para su máxima independencia y el desarrollo de su plena capacidad física, mental, social y profesional.

Esta Convención propone a los países su implicación en la elaboración y puesta en práctica de políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la propia Convención, para cambiar la percepción sobre la situación de las personas con discapacidad, combatiendo los estereotipos y prejuicios y promoviendo la conciencia de las capacidades de esas personas y su contribución a la sociedad.

La convención pretende ser un instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones con el objetivo de mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, el acceso a la información y sistemas de salud adecuados así como a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales, proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de las personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

Forman parte del articulado de la Convención, la igualdad de derechos con el resto de los ciudadanos, la accesibilidad al entorno, al transporte, a la información o comunicaciones, un sistema de apoyos personales y residencias, la protección social o el derecho a un empleo, y se hace, además, especial referencia a los niños y mujeres con discapacidad.
 

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue ratificada por el Gobierno español[BOE]  el 3 de diciembre de 2007.
• Para cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención ha sido necesario realizar la adaptación normativa de la legislación española. Esto se ha llevado a cabo mediante la Ley 26/2011[BOE]
• Noticias en español sobre la Convención y sobre la actividad de la ONU en el ámbito de la discapacidad pueden encontrarse en su web Naciones Unidas enable[+].

Información consultada en la Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [+]