Este informe examina hasta qué punto el marco normativo vigente en España proporciona una protección adecuada frente a los principales factores ambientales que inciden sobre la salud y el rendimiento escolar. A la vista de las evidencias, propone también alternativas de regulación para mejorar el régimen jurídico en beneficio del interés superior de la infancia. Asimismo, analiza la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de la Administración pública y evalúa la capacidad real de las normas actuales para garantizar estándares mínimos comunes en todos los centros educativos, y vías de reclamación. Además, recoge los datos de una encuesta propia a familias y docentes, realizada en diez áreas climáticas del territorio español, que contrasta la evidencia normativa y científica con la percepción directa de la comunidad educativa sobre las condiciones ambientales de los centros escolares.
El presente estudio adopta una metodología jurídico-documental e interdisciplinar. Para ello se han analizado fuentes normativas internacionales, europeas, estatales y autonómicas relacionadas con los derechos de la infancia, la salud pública, la educación, la prevención de riesgos, la eficiencia energética y la calidad ambiental interior. Igualmente, se han revisado informes institucionales, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales, literatura científica especializada (de pediatría, arquitectura, ingeniería, etc.) y documentación técnica procedente de entidades de referencia en salud ambiental infantil.
El estudio se centra específicamente en tres variables ambientales con evidencia consolidada sobre su impacto en la salud y el aprendizaje: la temperatura, la calidad del aire interior (incluyendo las corrientes de aire) y la radiación solar directa. El ámbito material del estudio queda restringido a los espacios interiores de aprendizaje de los centros educativos, principalmente aulas y dependencias asimilables. Por ello, no se abordan de manera específica otros factores relevantes, como el ruido ambiental, los patios escolares o el entorno urbano exterior, que podrán ser objeto de futuros trabajos complementarios. Sin embargo, cuando en el documento se hacen recomendaciones generales relativas a cuestiones de salud ambiental, el ruido2 también deberá ser tenido en consideración por su impacto directo sobre la salud y los aprendizajes.
(Extraído del documento).