Las organizaciones de infancia y diversos organismos internacionales como la Unión Europea o el Comité de los Derechos de Niño llevaban años reclamando una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza infantil en España, un problema estructural que ha permanecido en tasas elevadas incluso en épocas de bonanza económica. España es uno de los países que menos invierte en protección social a la infancia, cerca de un 1,3% del PIB cuando la media europea se sitúa en el 2,4%. Además, es el país europeo que menos capacidad tiene para reducir la pobreza infantil a través de prestaciones.
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