Fracaso escolar, miles de niños en centros de menores, violencia en el entorno familiar, abusos…Son algunos de los retos a los que se enfrenta la Infancia en España y ninguno es la censura educativa que quiere imponer Vox. Las organizaciones que trabajan por la infancia esperan para esta legislatura que se apruebe una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, pero el debate parece discurrir por otros derroteros.
 
“El pin no puede ser el debate de la infancia. En educación hay temas más urgentes, como el fracaso escolar o el abandono temprano”, avisan desde Save the Children
 
Según la organización, en España 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual tiene como víctima a un menor 
 
 
Fracaso escolar, miles de niños en centros de menores, violencia en el entorno familiar, abusos…Son algunos de los retos a los que se enfrenta la Infancia en España y ninguno es la censura educativa que quiere imponer Vox. Las organizaciones que trabajan por la infancia esperan para esta legislatura que se apruebe una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, pero el debate parece discurrir por otros derroteros. Los niños tienen una dificultad añadida más a la hora de que su voz sea escuchada. “El pin no puede ser el debate de la infancia. En educación hay temas más urgentes, como el fracaso escolar o el abandono temprano. También hay un problema de violencia”, asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
 
La formación de ultraderecha ha demostrado una alta capacidad para marcar la agenda política y mediática, con el mal llamado “pin parental” como última prueba. Pero no es la agenda que manejan las organizaciones dedicadas a la infancia, centradas en trabajar en problemas reales y constatables. El debate sobre de quién son los hijos parecía ya superado: “A lo largo de los años se ha ido evolucionando hacia una más clara concepción de la infancia como titular de derechos, superando esa visión tutelar, paternalista y asistencial que se solía tener”, explica Mónica Revilla, portavoz de Aldeas Infantiles SOS sobre este paso atrás: “Los niños y las niñas no son una propiedad de nadie”.
 
Mientras tanto, el nuevo gobierno de coalición ha trazado su propia hoja de ruta para la legislatura. En el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos se plantean llevar al Congreso la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia, crear un consejo de participación infantil estatal o impulsar ayudas para comedor y material escolar para combatir la pobreza infantil, entre otras medidas.
 
También hay compromisos sobre Educación, más allá de la derogación de la LOMCE, como son la creación de un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro o un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia, entre otras propuestas que tendrán eco en los colegios.
 
A continuación, relatamos algunos de los problemas de la Infancia en España que se han convertido en retos para la legislatura (y ninguno es la censura educativa).
 
Educación: abandono prematuro
De todos los problemas de la educación española, la formación de Santiago Abascal ha puesto en el punto de mira uno que no existe. Lo que sí preocupa a padres y profesores, sin embargo, es la tasa de abandono escolar temprano en España, que en 2018 se situó en un 17,9% de jóvenes que abandonaron sus estudios obteniendo, como mucho, la ESO. Aunque es un terreno en el que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas, sigue a la cola de la UE.
 
La violencia contra la infancia
En contraste con las últimas propuestas, organizaciones como Save the Children piden al gobierno que lo prioritario sea llevar al Congreso la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia, que ya fue tramitada por el Consejo de Ministros el pasado diciembre antes de que decayera la legislatura, un objetivo que sí aparece en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Las cifras justifican la urgencia. Según la organización, en España 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual tiene como víctima a un menor, teniendo en cuenta que se estima que solo se denuncia un 15% de los casos.
 
La misma ONG asegura que en España se interpusieron en 2018 al menos 5.105 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar en España y en 2017 se registraron 16.777 notificaciones de sospecha de maltrato en el Registro Unificado de Maltrato Infantil. “A veces, hay niños y niñas a los que no sabemos proteger. En algunos procesos tienen que declarar cuatro veces cuando llegan a los tribunales”, apunta Catalina Perazzo
 
Revilla, de Aldeas Infantiles SOS, también destaca el “enfoque integral” de la ley, que incluye todos los ámbitos de la vida del niño, incorpora una definición amplia de violencia que van más allá del maltrato físico, psicológico y emocional (incluyendo los castigos físicos o el trato negligente) o introduciendo un nuevo catálogo de delitos cometidos en internet, como la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
 
La portavoz destaca la creación de un Registro Central de información sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia y se amplía el plazo de prescripción de los delitos sexuales a menores, que comenzará a computar cuando la víctima cumpla 30 años: “Se trata de evitar que el abuso haya prescrito cuando la víctima denuncia. Está comprobado que la mayoría de las víctimas de abusos sexuales comienzan a hablar de ello a partir de los 30 años”, explica la portavoz.
 
La pobreza infantil
Es una de las cuestiones que más preocupan a las instituciones que trabajan por la infancia en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018, el  26,8% de los menores de 18 años se encuentran en situación de riesgo de pobreza, siendo la población más castigada. La falta de recursos de los padres recae directamente en los hijos: en casi uno de cada cuatro hogares sin ingresos reside al menos un menor.
 
Y sí, esto repercute en la salud, tal y como avisa el Alto Comisionad contra la pobreza infantil, que no duda en relacionar salud y vulnerabilidad económica: “No es casual que exista una brecha de 14 puntos porcentuales entre el grupo con más ingresos (60,3%) y el grupo con menos ingresos (46,6%) a la hora de clasificar el estado de salud del menor como muy bueno”.
 
Los niños extranjeros, los más vulnerables
Son una de las siglas más polémicas de los últimos meses: Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) gracias a que Vox los puso en el punto de mira, haciendo actos incluso frente a los centros de menores. Unas semanas después, se lanzó una granada contra uno de estos centros. “Vemos con gran preocupación la criminalización a la que están siendo sometidos en el discurso público de determinados representantes políticos y medios de comunicación”, explica la portavoz de Aldeas Infantiles SOS, que recuerda que estos niños forman el “colectivo más vulnerable dentro de la llamada infancia vulnerable”.
 
En España hay unos 13.000 de estos menores. “Los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a nuestro país son sumamente vulnerables. Huyen de la pobreza y la violencia y, a menudo, se juegan la vida en el intento legítimo de buscar un futuro mejor. Necesitan apoyo y protección y tienen derecho a recibirlo”, explica. Sin duda, supone un reto nuevo para el Estado, pero de nuevo, el debate público está mal enfocado. Según Revilla, hay que hablar de más recursos, más inversión y “un enfoque conjunto y solidario por parte de todas las comunidades autónomas”. 
 
Relacionar a estos menores con la delincuencia son algunas de las prácticas más preocupantes de partidos como Vox: “Se busca deshumanizarlos”, explica la portavoz de Save the Children.
 
Mónica Revilla recuerda cómo llegan estos niños a España: “Los menores migrantes que viajan solos soportan altos niveles de estrés antes de su partida, durante su viaje y continúan soportándolos al llegar a su destino, lo que, unido a la separación familiar, eleva la probabilidad de que su salud mental se vea afectada a largo plazo si no reciben la atención necesaria. Están expuestos, además, a la explotación, la trata y el abuso”.
 
Miles de niños en centros
El informe Observaciones Finales a España para el 2018, publicado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, advirtió a España de que había una preocupación seria por “el elevado número de niños atendidos en centros de acogida”. En nuestro país, 49.985 menores tuvieron que ser integrados en el sistema de protección del Estado. Unos 23.172 pasaron por centros de menores, de los que solo un 9% volvió con su familia . La portavoz de Aldeas Infantiles va más allá y alerta de que “más de 300.000 niños y niñas están en riesgo de perder el cuidado de sus padres en nuestro país”. 
 
Cuando cumplen los 18 años, estos chicos se encuentran, de nuevo, en una situación de riesgo. Cuando cumplen la mayoría de edad, el Estado deja de protegerles.
 
 
 
 
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