Jackson conversa con EL PAÍS la semana en la que Chile promulgó la ley de imprescriptibilidad de este tipo de delitos, una iniciativa que ella misma lleva una década empujando. “En mi caso no hubo Justicia en el sentido tradicional, pero sigue siendo reparador, a mis 51 años, observar que una causa como la ley del derecho al tiempo para los sobrevivientes cuente con este nivel de apoyo y transversalidad”, señala sobre la normativa que fue publicada el jueves pasado por el Diario Oficial, presentada por parlamentarios de centroizquierda en 2010 y que, tras superar diversas resistencias, empujó con decisión el actual Gobierno chileno, de corte conservador. La nueva normativa no contempla la retroactividad, como hubiesen preferido las agrupaciones de supervivientes de esta lacra, pero permitirá que el paso del tiempo no se transforme en un impedimento para que las víctimas de abusos sexuales en la niñez y adolescencia denuncien en los tribunales.
Hasta hace algunos días, solo los delitos que la Justicia considera de mayor gravedad, como la explotación sexual comercial de menores, tenían un plazo de prescripción de 10 años desde que la víctima cumplía la mayoría de edad. Un tiempo francamente insuficiente, según los especialistas: “Hay víctimas que logran hablar a los 40, 60 u 80 años. No puede negarse a priori esa voz y su denuncia”, señala Jackson en una larga conversación en su departamento del municipio de Providencia, en la zona oriental de la capital chilena. “Los abusadores sexuales saben desde ahora que en Chile no hay límite de tiempo para asumir su responsabilidad”, agrega la psicóloga de la Universidad de Chile y discípula de Carol Gilligan, la pionera en la ética del cuidado con la que la chilena se formó en la Universidad de Nueva York.