El agresor acosó a su ex-esposa y después quebrantó la orden de alejamiento. “Hemos fallado, no supimos detectar el riesgo”, admite la fiscal de Violencia contra la Mujer
Laura Hernández llamó a la policía. Su hijo pequeño, al cuidado de su ex-marido, no había vuelto y hacía una hora que se lo tenía que haber traído a casa, en Beniel (Murcia). Los agentes llamaron al teléfono del hombre. No lo cogía. Llamaron al del niño, de 11 años. Nadie respondía. Tuvieron que abrir la puerta de la casa con un cerrajero y encontraron a los dos muertos. La hipótesis principal es que David S. O. mató a su hijo y luego se ahorcó.
Laura Hernández llamó a la policía. Su hijo pequeño, al cuidado de su ex-marido, no había vuelto y hacía una hora que se lo tenía que haber traído a casa, en Beniel (Murcia). Los agentes llamaron al teléfono del hombre. No lo cogía. Llamaron al del niño, de 11 años. Nadie respondía. Tuvieron que abrir la puerta de la casa con un cerrajero y encontraron a los dos muertos. La hipótesis principal es que David S. O. mató a su hijo y luego se ahorcó.
Sobre él pesaban dos condenas, una por acoso y otra por quebrantamiento de la orden de alejamiento contra su exmujer, de la que llevaba separado un par de años. Pese a saltarse la orden de alejamiento hace apenas un mes y a que la Guardia Civil incluyó en su primer informe la vulnerabilidad de los hijos, “riesgo medio”, nadie puso medidas para los menores y él no entró en prisión. “Hemos fallado, no hemos sabido detectar el riesgo. Tenemos que proteger más a los niños, tenemos que escucharles”, admitía este viernes muy afligida la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera.
El cuerpo del menor estaba tendido entre el pasillo y el baño, con heridas de arma blanca. En la cocina estaba el del padre, ahorcado. Desde 2013, cuando estos crímenes fueron incluidos en la estadística oficial de violencia de género, 28 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres. Es el segundo caso de este año, tras el asesinato de un menor en Tenerife. Es lo que se conoce como violencia vicaria, que supone hacer el mayor daño posible a la madre a través de los hijos.
Ella le denunció a principios de junio por acoso: la llamaba todo el rato por teléfono y siempre quería controlar dónde estaba. La mujer le denunció ante la Guardia Civil y fue valorada por el test policial que mide el riesgo, VioGen, como marca el protocolo. En este primer caso fue decretado un “riesgo medio”, según fuentes del caso. El test policial fue renovado el pasado marzo e incluyó como una de sus principales novedades instrucciones específicas para que los agentes presten especial atención al riesgo que, además de las mujeres, corren los menores que conviven con ellas. Esa primera denuncia llamaba la atención “sobre la vulnerabilidad” de los menores, explican fuentes de la investigación.