La situación de los más de 200 niños de origen rumano que viven sin documentación en España, tutelados por el Estado en centros o en familias de acogida, empieza a descongelarse, después de una tarea diplomática que ha llevado varios meses de trabajo. Este jueves se celebró la primera reunión técnica en la que autoridades de ambos países estudiaron expedientes, cuya documentación ha comenzado ya a tramitarse, tras años de espera. Se examinará caso por caso para darles solución. Hasta ahora estos niños no han podido viajar, ni acceder a determinadas prestaciones, ni tampoco federarse en equipos deportivos.
“Estoy que no me lo creo. Después de tanta lucha, se ha conseguido. Ya se está tramitando la documentación”, cuenta por teléfono Justi Carretero, una mujer de 57 años que hace cuatro acogió a una niña que nació en España de padres rumanos que nunca la inscribieron en el consulado, por lo que su nacionalidad no quedó acreditada. La pequeña, que sufre una discapacidad severa, no puede acceder a las ayudas a las que tendría derecho. No aparece en los registros. Carretero, que dejó de trabajar para poder atenderla, se gasta de 400 a 600 euros al mes en terapias.
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