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Interior deniega la residencia a testigos clave contra una red mafiosa
El Mundo.es, 17/03/2015
Las dos mujeres ayudaron a desarticular la mayor red rusa de explotación sexual. La Policía analiza ahora sus casos para elaborar otra resolución "en sentido positivo"

El Ministerio del Interior ordenó el pasado febrero que se denegara la renovación del permiso de residencia a dos mujeres cuyas declaraciones -en condición de testigos protegidos- fueron clave para acabar en 2012 con la mayor red rusa de trata de personas y prostitución desarticulada nunca en España.
 


Las órdenes fueron firmadas a inicios del mes pasado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, tras recibir un informe policial elaborado por la Comisaría General de Extranjería. A través de sendas resoluciones de las que ha tenido conocimiento EL MUNDO, el alto cargo del Ministerio del Interior ordena que se revoquen las solicitudes temporales de residencia que les fueron concedidas a ambas por circunstancias «excepcionales» en 2011.

Según reconoce la Ley de Extranjería en su artículo 144, se podrá conceder la «autorización provisional de residencia y trabajo» de forma extraordinaria a aquellas personas que colaboren en la investigación de un delito. Las dos destinatarias de las resoluciones, sin embargo, no sólo colaboraron en todo el proceso con la Policía Nacional y la Justicia sino que, según fuentes judiciales conocedoras del caso, también se erigieron en elementos clave para acabar con una gigantesca red de trata de mujeres y prostitución forzada liderada por un mafioso ruso al que se buscaba desde hacía siete años.

Engañadas con falsos contratos y empleos por la trama del proxeneta Igor Chernavsky, ambas viajaron en 2011 desde Rusia hasta clubes de alterne repartidos por Lleida. Una vez ahí fueron forzadas a prostituirse y, en una práctica habitual de las redes de explotación sexual, se les impuso una deuda desproporcionada como peaje para recuperar la libertad. Una situación que se prolongó hasta que fueron rescatadas en marzo de ese mismo año, en el marco de una operación de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) que se saldó con más de una veintena de detenciones. A partir de ese momento, y pese al riesgo de ser localizadas por los miembros de la red, decidieron colaborar en la investigación.

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