Los menores no pueden viajar, acceder a ayudas o federarse en equipos deportivos. Las familias de acogida exigen una solución.
La niña sufre una discapacidad severa, pero no puede cobrar la ayuda a la que tiene derecho. “Para el sistema no existe”, escuchó Justi Carretero, su madre de acogida, al pedir la prestación. Nació en España, pero sus padres biológicos, rumanos, no la registraron en el consulado. Al poco, la Administración española asumió su tutela y pasó a vivir con esta familia. Lleva ya cuatro años en su nuevo hogar. Oficialmente, no es ni rumana ni española. Solo dispone de su partida de nacimiento. No hay un documento que acredite su nacionalidad. Más de 200 menores de origen rumano que están a cargo del Estado —en centros o con familias de acogida— carecen de documentación, según fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. No pueden viajar, ni federarse en equipos deportivos, ni recibir algunas prestaciones.
En España, más de 17.000 menores bajo tutela de la Administración vivían en centros residenciales en 2017 . Otros 19.000 —1.800 de ellos extranjeros—, en familias de acogida. También hay menores sin documentación de otros países, pero con Rumanía son comunes los problemas al resolver los casos, explican fuentes del ministerio. Representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia se reunieron este martes con autoridades rumanas en Bucarest para tratar de encontrar una solución. Estas fuentes precisan que, si Rumanía no la otorga, la buscarán en España: “El objetivo es que estos niños puedan acceder a recursos de bienestar social”.
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