La Comisión Europea investigará si ha aplicado la legislación tras una denuncia que avisa de la supuesta vulneración de derechos en los procedimientos de abusos en el ámbito familiar.
El organismo da crédito a las quejas sobre aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP) contra las madres y la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de los niños y niñas.
La Comisión Europea va a evaluar si la práctica judicial en España garantiza los derechos de los menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales en el ámbito familiar. Así lo confirma la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha trasladado la respuesta a los impulsores de una queja en la que denunciaban que muchas víctimas «se ven privadas de derechos fundamentales y procesales».
La Comisión Europea concluye que ha observado «una posible aplicación indebida del interés superior del niño como una consideración primordial» que basa en tres puntos clave recogidos en la reclamación: la supuesta falta de credibilidad de la declaración del menor, la supuesta falta de asistencia psicológica sin el consentimiento de ambos progenitores y la supuesta aplicación «generalizada» del Síndrome de Alienación Parental (SAP) cuando la madre denuncia abusos hacia el menor por parte del padre.
La queja, que fue interpuesta por varios colectivos en noviembre de 2015 y admitida a trámite en mayo de 2016, asegura que existe una «práctica judicial asentada» que denota una «errónea» transposición de dos directivas europeas en la legislación española: la relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y la referida a las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
Cuando se resta valor al testimonio del niño
La queja, promovida por Agamme (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores), la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo y el Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona aporta el relato de cinco casos de niños y niñas que han referido sufrir abusos sexuales o maltrato por parte de sus padres, que han sido denunciados por sus madres.
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