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El estudio analiza cómo se garantiza y materializa durante los procesos judiciales de oposición a medidas de protección y en los de familia, el derecho del menor a ser escuchado, recogido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, firmada por España el 26 de enero de 1990 y ratificada el 6 de diciembre de ese misma año).