Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, insta el Congreso a aprobar la norma antes de finales de año 2018.
Para un niño un día de violencia es una eternidad. Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Infancia, lo repite con frecuencia para explicar por qué es tan importante que España apruebe el proyecto de ley para la protección de los menores antes de finales de año y que entre a las Cortes a principios de 2019.
Durante su visita a Madrid la semana pasada, invitada por la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia, la diplomática portuguesa pidió a los grupos políticos que se mantenga la unidad en torno al proyecto normativo. “La ley tiene que reflejar el compromiso del Estado, no el de una administración, porque la violencia contra la infancia es un asunto de derechos humanos, no ideológico”, subrayó en la sede de Unicef Comité Español. “España no puede perder tiempo para la aprobación. Tiene la capacidad de hacer un buen trabajo y convertirse en referente para muchos otros países”.
En España, cada día 37 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar: más de 13.800 menores al año, según la última estadística del Registro unificado de casos de sospecha de maltrato infantil. En 2017, se interpusieron más de 38.000 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, según el Ministerio del Interior. De estos, 4.875 por malos tratos en el ámbito familiar y 4.211 por abuso sexual —aunque se estima que solo un 15% de los casos son denunciados y, de los que entran en el sistema, el 70% nunca llega a juicio oral.
A pesar de estas cifras desalentadoras, Santos Pais confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez apoyará el proyecto de ley en los plazos fijados. La representante especial de Naciones Unidas se alegra de que España ponga la infancia “en el centro de la agenda política” y valora la creación de los altos comisionados para la lucha contra la pobreza infantil y para la Agenda 2030. “La pobreza infantil es extremadamente visible en España. El impacto negativo y desafiador de los años de la austeridad que hemos experimentado en muchos países europeos ha tenido un impacto muy negativo en la infancia y en la adolescencia. No siempre se ha medido, pero la disminución de presupuesto disponible para los más jóvenes ha causado un recorte en el número de profesionales ocupándose de ellos y de los recursos destinados a la protección”, señala. “Muchas familias se han encontrado así con un estrés adicional y sin el apoyo de las instituciones”. Algo que hay que cambiar con urgencia, destaca.
Santos Pais sabe que una ley por sí sola no será suficiente para acabar con la violencia contra la infancia. “Se necesita el respaldo de un presupuesto y hay que ofrecer herramientas a los actores para detectar las situaciones de violencia, para denunciar, proteger a los menores, etcétera”, explica.