El Tribunal Constitucional ha dado la razón a D. V., una española madre de una niña de 5 años que según dictó la Audiencia Provincial de Madrid el 31 marzo de 2015, debía entregar a la niña a su padre, P. K., un ciudadano suizo residente en aquel país que en España está imputado por un delito de violencia de género.
En este sentido, instaba al Alto Tribunal a retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse aquel auto, que obligaba a Desiré a personarse con la menor en una comisaría de policía de su localidad de residencia para hacer entrega de la misma al padre. Los abogados de la mujer, Almudena Mendoza y Juan Ramón Montero, explican que se trata de un caso pionero en la defensa de los derechos del menor en España y que establecerá doctrina al respecto.
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