La policía lleva meses solicitando una intervención asistencial contundente para mitigar la delincuencia.
La Generalitat evita hablar del problema para no estigmatizar a un colectivo al que no es capaz de integrar.
El apuñalamiento de un menor marroquí en el barrio del Raval la madrugada del jueves ha destapado nuevamente un problema de seguridad que incomoda a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona: la creciente actividad delincuencial de los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) que rechazan el sistema de protección infantil.
La víctima, de 17 años, recibió un corte en el cuello durante una pelea con otro joven marroquí, de 18 años. Sus gritos alertaron a los agentes de la comisaría del Raval, que acudieron en su ayuda y lo llevaron al ambulatorio de urgencias del barrio. De allí fue trasladado al Hospital del Mar, operado de emergencia y gracias a esta intervención su vida ya no corre peligro. La tutela de ambos pertenece a la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
El agresor, detenido por los Mossos d’Esquadra minutos después del apuñalamiento, es actualmente un extutelado dado que ya ha cumplido la mayoría de edad. Los dos, víctima y atacante, tienen antecedentes policiales por robos con violencia y atentado contra agentes de la autoridad. La Generalitat va a denunciar al agresor y se va a personar como acusación particular en el caso.
Plantón del ‘Govern’
El incidente ha provocado un aluvión de llamadas este jueves a primera hora de la mañana entre la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra y la DGAIA. Inevitablemente ha aflorado un problema del que las autoridades rehuyen hablar. El pasado 17 de abril se celebró en Barcelona una junta de seguridad local –el órgano existente para coordinar a la Conselleria d’Interior con el ayuntamiento de Ada Colau– y, a petición del consistorio, se pidió la presencia de la DGAIA. Sin embargo, ni la secretaria de Infància, Georgina Oliva, ni tampoco el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, se presentaron en la reunión.
Algo que disgustó a Colau, pero también a los Mossos, que traían un carpeta con los datos delincuenciales que han ido recabando en los últimos meses y que recogen, con preocupación, la cifra de delitos que están perpetrando los menores migrantes. Una minoría de niños que se niegan a ser insertados en el circuito que la Generalitat dispone y que acaban subsistiendo en la calle, pernoctando a la intemperie o en casas ocupadas y robando con violencia carteras, teléfonos móviles o relojes.
No estigmatizar a los ‘menas’
Los motivos que mueven al Govern a tratar de ocultar la problemática son comprensibles: evitar la estigmatización social de los ‘niños de la calle’, un colectivo extremadamente vulnerable que migra a Barcelona buscando una vida mejor de la que les espera en Marruecos. Pero el apuñalamiento del menor en el Raval ha hecho imposible seguir negando que el problema de seguridad que suponen estos ‘niños de la calle’ existe. Hay un grupo de menores ‘refractarios’ que se escapan de los centros después que la policía les identifique en la calle y les traslade una y otra vez a su hogar de acogida. Prefieren una supuesta “vida libre”. Sin normas, sin adultos pero en condiciones degradantes tanto físicas como psíquicas.
Problemas de inversión
Los centros públicos de la Generalitat no son cárceles: los menores no están privados de libertad y pueden salir de ellos. Pero hay otra cara de la moneda. Por un lado las entidades que gestionan centros concertados tienen problemas para sufragar todos los gastos de su atención. Este diario avanzó que el Govern les debe alrededor de 40 millones de euros y algunas entidades han tenido que recortar gastos. Por el otro lado, está los centros públicos, que según el sindicato UGT están “sobreocupados” y atienden a más niños de los que deberían.
A la falta de medios de los educadores sociales, se suman los problemas legales. La dificultad para lograr un permiso de residencia, y la imposibilidad de trabajar legalmente en España, hacen que un grupo de estos menores vea en la vida callejera una posible salida. Algunos, además, tienen que aguantar la presión de los padres que les exigen dinero desde Marruecos.
El menor acuchillado este jueves había sido detenido el miércoles a las 9.00 horas de la mañana por los Mossos d’Esquadra. Tras ser identificado se encaró, insultó y escupió a los agentes de los Mossos. Fue trasladado a la Ciutat de la Justícia, donde fue identificado y puesto en libertad horas después. Un educador vino a recogerlo para trasladarlo a su centro asignado, ubicado en la localidad de Esparraguera (Baix Llobregat), y volvió a fugarse. Esa madrugada se acabó peleando en el parque de los jardines de Sant Pau y recibió la cuchillada que le seccionó la carótida. Horas antes, la Generalitat ya había denunciado su fuga para que dieran con él. El agresor, de 18 años, se entregó en la misma comisaría pocos minutos después.
“La realidad es tozuda”, razona una fuente policial de los Mossos, y se acaba “imponiendo”. “No nos ha sorprendido que haya ocurrido algo así [el apuñalamiento del menor en el Raval]. Lo que nos sorprende es que no haya ocurrido antes”, subrayan fuentes de la Guardia Urbana. “Si no les podemos dar oportunidades reales, estas situaciónes irán a más”, señalan algunos educadores sociales que conviven con ellos y sus fugas.
Fuente consultada: Observatorio de la Infancia en Andalucía [enlace]