Treinta años después de la Convención de Naciones Unidas, la protección infantil aún presenta, incluso en nuestro entorno, áreas de sombra que precisan de concienciación social e intervención institucional.
 
Cuando han transcurrido 127 años desde que las educadoras Kate D. Wiggin y Nora A. Smith esbozaran la primera aproximación a los derechos del niño en su obra Children’s Right, casi un siglo desde la Declaración de Ginebra que en 1924 redactó la fundadora de Save the Children -Eglantyne Jebb- y tres décadas que se cumplieron ayer desde que en 1989 Naciones Unidas tradujera esa inquietud a los 54 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más suscrito por haberlo hecho 195 países no debería ofrecer áreas de sombras en cuanto a la protección de la infancia, al menos en lo que se denomina sociedades avanzadas. Sin embargo, incluso en nuestro entorno existen y precisan todavía de concienciación social y de intervención institucional decidida. Así, por ejemplo, si el artículo 27 de la Convención reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, aún hoy en Navarra un 11% de los menores de 16 años sufren carencias que se definen como pobreza real. Y si el artículo 19 obliga a proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, en Navarra todavía se producen anualmente varios cientos de casos de maltrato infantil, que algunas fuentes elevan casi hasta el millar. Se trata eso sí de cifras muy inferiores a los promedios del Estado, que tiene la segunda tasa de pobreza infantil de Europa (26,8%) y donde la mitad de las víctimas de delitos sexuales (48%) son menores de 18 años;también de cifras inferiores a las medias que presenta la Unión Europea. Pero el incuestionable logro de la paulatina reducción de las situaciones de vulnerabilidad infantil no debe ocultar la persistencia -tampoco las nuevas formas- del problema, que en su vertiente socioeconómica se agudiza en virtud de los ciclos, como demostró la última crisis. Tampoco reducirlo a la arista que lo relaciona con la inmigración, cuya fragilidad la hace más visible pero también la más tergiversada. Y mucho menos trasladar sus límites a los ámbitos geográficos de menor desarrollo, pese a que en ellos se agudicen las carencias infantiles. Como la misma Convención afirma desde hace tres décadas, todavía “en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y necesitan especial consideración”. 
 
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