Más de 45.000 personas tienen prohibido trabajar con niños en España por sus antecedentes penales. El Registro Central de Delincuentes Sexuales [noticia], en vigor desde 2016, recoge los datos de 45.155 personas (42.581 adultos y 2.574 menores) sobre las que pesa una sentencia firme por un delito de índole sexual, lo que les impide acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores.
 
En lo que va de año 2018, 1.144.381 personas han solicitado el certificado preceptivo que demuestra que carecen de estos antecedentes penales. 300 no han conseguido este salvoconducto. Son: Profesores, monitores de comedor, entrenadores deportivos, pero también trabajadores de ONG, curas o personal del mundo del cine. Quien ejerza una actividad que implique estar en contacto de forma habitual con menores está obligado desde hace dos años a disponer de un certificado que acredite que carece de antecedentes penales por delitos sexuales, ya sea cometidos contra adultos o contra niños. 
 
Este documento lo expide el Ministerio de Justicia, previa comprobación de que el interesado no está inscrito en el registro que recoge la identidad y el ADN de todas las personas condenadas en sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.
 
Cuando nació, en marzo de 2016, incluía 40.782 nombres. Dos años y medio después, a la lista se han sumado 4.473 personas más, 64 de ellos menores de edad, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado 31 de agosto. Por número, las tres comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) son también las que tiene a más habitantes incluidos en este fichero (8.567, 7.015 y 4.683, respectivamente). 
 
El registro, dependiente del Ministerio de Justicia, se creó siguiendo las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, firmado en Lanzarote en 2007. Los firmantes se comprometieron, entre otras iniciativas, a adoptar las medidas necesarias “para que las condiciones de acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o abuso sexual de niños”.
 
Para adaptarse a este texto, España reguló mediante un real decreto el Registro Central de Delincuentes Sexuales y la expedición de los certificados. Entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de agosto pasado se han tramitado más de cinco millones de certificados (5.126.590). De ellos, 1.410 fueron solicitados por personas fichadas en el registro, por lo que no obtuvieron el permiso necesario para acceder a un empleo que requiera contacto con menores. 
 
 
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